SANTIAGO.- El último estudio difundido por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) que detectó el cobro ilegal de intereses en 10 de 13 casas comerciales, "deja al descubierto la necesidad de aprobar la incorporación de la defensa de los intereses colectivos a la ley del consumidor actualmente en trámite en el Senado", sostuvo la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu).
Según la entidad, "los hechos demuestran claramente que día a día se cometen gran cantidad de abusos, como los denunciados por la institución pública".
A juicio de Odecu, el estudio da luces que podrían ser miles los usuarios de tarjetas de crédito que han tenido que pagar intereses ilegales y las dificultades que deben enfrentar para encontrar reparación.
La ley faculta a los consumidores a solicitar la indemnización por este cobro ilegal a los juzgados de policía local.
"En teoría cada consumidor deberá ver su caso particular lo que muy pocos hacen debido a que los costos son mayores que los beneficios", declaró Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU).
El dirigente precisó que esta última situación demuestra lo poco eficiente que es la ley en este sentido.
"Por ello urge la modificación a la ley, ya que con la incorporación de la defensa de los intereses colectivos bastará que sólo un fallo sancione el cobro ilegal para todos los afectados puedan acceder a la reparación, además de sentar precedentes para casos futuros", indicó.
Al respecto, estimó que con esto se podrían evitar los cientos de juicios que interpondrían los afectados por este caso.
"Valoramos altamente el estudio realizado por la autoridad ya que entre otras cosas demuestra la incapacidad de las grandes tiendas para autorregularse y la necesidad de contar con un instrumento legal que realmente cumpla con el objetivo de defender los intereses colectivos de los consumidores y usuarios", enfatizó Larenas.
Por último, Odecu señaló que la posibilidad que Sernac y las asociaciones de consumidores puedan representar los intereses colectivos de los consumidores significa además la posibilidad de alivianar la tarea de los Jueces de Policía Local y hacer más expedito el ejercicio de la justicia.
La organización señaló que además, se generará un gran ahorro en los costos de las tramitaciones de los procesos.
Actualmente cuando un caso no logra ser subsanado por vía de la mediación, debe ser visto por los Juzgados de Policía Local donde puede estar años sin solución, producto de la sobrecargada agenda de casos que deben enfrentar.
