VALPARAÍSO.- Un fuerte cuestionamiento a la anunciada publicación de un listado de los deudores morosos del crédito fiscal y universitario reiteró el jefe de bancada del PPD, diputado Eugenio Tuma.
El parlamentario calificó la iniciativa como "un Dicom universitario efectista e improcedente, tanto en su legitimidad como en el sentido de que por sí sólo no resolverá los problemas que arrastran los déficit en el financiamiento de la educación superior en Chile".
Si bien dijo comprender los esfuerzos por recuperar los dineros prestados y no justificar en ningún caso el incumplimiento de las obligaciones contraídas, "más aún –señaló- si las reprogramaciones se realizan de acuerdo a la capacidad de pago del deudor; pero no me parece que el desprestigio público sea el mecanismo más apropiado para enfrentar la crisis universitaria".
Tuma, quien es el autor de la llamada "Ley Dicom", que el año pasado decretó una amnistía de la información contenida en los registros comerciales, indicó que las normas de la Ley 19.628 sobre Privacidad de las Personas, y sus modificaciones, aplicadas desde junio del 2002, se contraponen al anuncio realizado el pasado jueves por el Consejo de Rectores.
Dicha decisión busca publicar un listado de los morosos del crédito universitario, medida que no sólo fue inmediatamente respaldada por el Gobierno, sino que además agregó que se exigirá a todos los funcionarios públicos estar al día con sus créditos universitarios mediante una directriz aún no precisada.
"Sin perjuicio de que estas morosidades podrían comunicarse al público tras su consideración en un Decreto Supremo de conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.628, no es menos cierto que esa publicación deberá hacerse considerando los límites temporales y materiales impuestos en la Ley", apuntó.
De esta manera, el diputado precisó que no podrán ser informadas aquellas obligaciones contraídas hace más de 5 años, ya que estos datos caducaron transcurrido dicho de lapso de tiempo desde que se hicieron exigibles.
Asimismo, también quedan excluidas las deudas contraídas con anterioridad al 1 de mayo del 2002, cuando el monto de deuda capital total del deudor no superó los 2 millones de pesos, toda vez que se trata de datos que fueron beneficiados por la amnistía estipulada en la Ley Dicom.
"Si analizamos la ley con detención, concluiremos en que se limita en forma masiva el universo de deudores morosos de crédito universitario que podrían eventualmente ser informados, con lo cual decimos que este sistema de apremio no tendrá mucha efectividad y será ante todo un mecanismo publicitario, salvo, claro está, que estas limitaciones no se respeten y se actúe al margen de la ley, en cuyo caso el Estado y las universidades quedarían expuestos a responder civilmente por los perjuicios que podrían provocar a los deudores".
A juicio de Tuma, "la determinación de publicar listados de morosos del crédito universitario estaría relacionada con la decisión de Hacienda, que vive tiempo de estrechez de la Caja Fiscal, de no seguir aportando recursos frescos al Fondo Solidario"
Según el parlamentario, a lo anterior habría que "agregar una arremetida política de la oposición, la que siguiendo el modelo ya empleado en el área de la salud pública, estaría comenzando a atacar las ineficiencias del sistema público de educación superior en el país".
"Los rectores están preocupados por esta decisión estratégica de la oposición de poner en evidencia la mala administración de los recursos que han hecho y en ese contexto, resulta recomendable inventar socialmente un chivo expiatorio, una suerte de enemigo interno del sistema y del modelo".
En el sentido –dijo- mientras los deudores morosos aparezcan como los grandes culpables de la falta de financiamiento, las responsabilidades de los administradores de los recursos y del Estado serán siempre secundarias.
