SANTIAGO.- El Senado de Chile ratificó hoy la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que fue suscrita por el país en 1994 y que es considerada un paso fundamental en el fortalecimiento del sistema regional de derechos humanos.
La ratificación parlamentaria de ese instrumento jurídico internacional fue aprobada por 31 votos a favor, 16 en contra y una abstención. Votaron a favor los legisladores de la Concertación, a los que se sumaron los senadores de Renovación Nacional. En contra lo hicieron los senadores de la UDI junto con senadores designados.
La UDI y la "bancada militar" no sólo votaron en contra de la ratificación de la Convención, sino que, además, presentaron hoy un requerimiento ante el Tribunal Constitucional sobre la supuesta "inconstitucionalidad" del tratado. Ese planteo lo hicieron con el argumento de que el texto del tratado establece una delegación de jurisdicción de los tribunales chilenos a tribunales extranjeros.
Al respecto, el senador de la UDI Marco Cariola dijo que la carta política chilena "señala que la jurisdicción sobre hechos punibles acaecidos en Chile, recae únicamente en los tribunales chilenos".
El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre este requerimiento. La Convención contra la Desaparición Forzada ha sido promovida por varios países latinoamericanos, donde esos delitos afectaron especialmente a Argentina, Colombia, Guatemala, Chile, Perú y El Salvador.
El ministro portavoz de Gobierno, Francisco Vidal, dijo hoy que la actitud de la UDI es "incoherente" con la propuesta que hizo hace un mes ese partido para poner fin a los asuntos pendientes de derechos humanos, especialmente los referidos a los detenidos desaparecidos, que incluía la aceleración de los juicios y reparación a las víctimas o sus familiares. Según el ministro, resulta una "paradoja" que un partido que ha mostrado interés y ha realizado actos por la justicia, la verdad y la reconciliación, esté ahora presentando una objeción de carácter constitucional sobre estos temas.
La Convención sobre la Desaparición Forzada fue adoptada en la asamblea anual de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada el 9 de junio de 1994 en Belem do Para, Brasil, y entró en vigor el 28 de marzo de 1996. Mediante ese tratado los Estados se comprometen a no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aún en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales. También se comprometen a sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito o tentativa de desaparición forzada de personas.
La desaparición forzada, según la Convención, "será considerada como continuada o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. El documento jurídico también compromete a los Estados a tomar "las medidas legislativas, administrativas, judiciales o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos por la Convención".
La ratificación del tratado se produce cuando en Chile se ha generado un profundo debate en el que han participado todos los sectores sobre los temas pendientes de las violaciones a los derechos humanos. Según el informe Rettig en Chile se registraron 3.197 víctimas, de las cuales 1.197 corresponden a detenidos desaparecidos. Los jueces chilenos han aplicado en los últimos años al secuestro el carácter de permanente, es decir, no prescribe ni se agota mientras no aparezca la víctima, con lo cual han podido procesar o condenar a cerca de 180 militares.