SANTIAGO.- Con la firme voluntad de alcanzar una solución armoniosa a la controversia pública respecto de los terrenos para erradicar a los pobladores de la toma de Peñalolén, dentro de esa comuna, nació la Coordinadora Peñalolén Oriente, entidad que agrupa a las juntas de vecinos representativas de los conjuntos habitaciones involucrados en el tema.
La organización, nacida al fragor de los últimos debates públicos sobre el particular, busca constituirse en una instancia de participación más allá de la actual controversia sobre los destinos que se dará finalmente a los pobladores de la toma, sino que velar por el desarrollo urbanístico integral del sector en el mediano y largo plazo.
La entidad la preside el presidente de la Junta de Vecinos del Conjunto Habitacional Casa Grande, Germán Contreras, quien insiste en que no se oponen a una solución definitiva para los pobladores.
"Nosotros no tenemos que entregar credenciales de tolerancia social. Nos vinimos a sabiendas de la pluralidad social de la comuna de Peñalolén y no tenemos nada contra eso. Creemos que hay que encontrar soluciones armoniosas para que todos podamos convivir, pero respetando también las condiciones en las que adquirimos, con mucho sacrificio, nuestras viviendas", sostiene Contreras.
Una clara muestra de tolerancia e integración social es el hecho de que hoy algunos de los conjuntos habitacionales del sector conviven a escasos metros con el que fuera el ex campamento Esperanza Andina, hoy población de viviendas sociales del mismo nombre, indica Contreras.
"Nosotros no pensamos que los pobres sean delincuentes. Hay mucha gente honrada que trata de salir adelante. Creemos que tienen derecho a vida mejor, sin ninguna duda, y en ese orden queremos que se encuentre una solución adecuada para todas las partes", agrega el dirigente comunal.
Apunta Contreras que "la solución que se plantea, de instalar parte de los pobladores en la cercanías de nuestros conjuntos habitacionales, no es la social y económicamente más adecuada ya que por una parte representará costos adicionales para el Fisco, que debería pagar mucho más de lo que paga normalmente por terrenos destinados a viviendas sociales y por la otra, para los pobladores, encarece sus costos de calefacción al vivir a mayor altura y también de movilización, porque ésta es escasa en la zona".
La organización está pidiendo en estos días una audiencia formal al Ministro de Vivienda, Jaime Ravinet, indicando que "estamos seguros y confiados que la autoridad llegará a una solución armoniosa que satisfaga a todas las partes".
