SANTIAGO.- El Pleno de la Corte Suprema acordó instruir a los Ministros y Jueces de la República, para que se abstengan de dar informaciones o hacer público por medio de entrevistas de prensa, radio o televisión, aspectos y diligencias de instrucción, impartidas o por decretar, en las causas criminales que están conociendo.
En un autoacordado independiente del documento denominado "Principios de Ética Judicial" también dado a conocer hoy, los magistrados sostienen que hacer referencia pública respecto de las investigaciones y opinar sobre ellas son conductas que contravienen "manifiestamente lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, que consagra el secreto del sumario criminal".
El documento, de dos páginas, sostiene que el comportamiento de los magistrados "resulta más grave cuando (...) como ha ocurrido recientemente, se vierten opiniones o juicios de valor crítico respecto de ciertas disposiciones de la ley vigente, en circunstancias que ellas podrían tener incidencia o aplicación en esos procesos".
El acuerdo del Máximo Tribunal, que tuvo los votos en contra del Presidente de la Suprema, Mario Garrido y del ministro José Benquis, recuerda que las sentencias son el medio que tienen los magistrados para "emitir su opinión y fundamentar su juicio sobre las materias que son llamadas a conocer y resolver".
Al respecto, Mario Garrido sostuvo que el objeto del instructivo es "recordar a los jueces todas las prohibiciones que existen dentro de la legislación respecto a comunicar sus actuaciones, y sobre todo respecto a opinar sobre materias que pueden quedar sujetas a la futura decisión de ellos mismos".
El texto precisa además que la instrucción no se opone a la conveniencia de que la judicatura se abra a la comunidad, "en contactos directos con organizaciones sociales, para divulgar, a nivel vecinal, el ámbito de atribuciones y funciones de los Tribunales de Justicia".
El Máximo Tribunal dio orden de comunicar la decisión a todas las Cortes de Apelaciones del país y sostuvo además que se aplicarán medidas disciplinarias a aquellos ministros que persistan en las conductas objetadas.
