| NAVARRO SOPRENDIDO |
El querellado ex Intendente de la Décima Región se mostró sorprendido al ser consultada su versión de los hechos, y señaló que "es la primera noticia que tengo, a mí nadie me ha informado nada".
"Yo no he sido notificado por nada, así que no puedo opinar nada mientras no tenga antecedentes sobre eso. Me siento lo más sorprendido que hay y me preocuparé cuando me lleguen los antecedentes, pero de mi época de Intendente no tengo nada de qué arrepentirme", agregó.
Navarro, quien actualmente se desempeña como docente universitario, sostuvo recordar vagamente al empresario Klein en el período en que fue intendente, y respecto de la acusación que enfrenta afirmó que "es cosa de revisar la prensa de la época no más, porque él dejó obras botadas, dejó gente botada, contratistas botados, ese fue un escándalo que él armó paralizando sus obras. Pero eso tiene toda una reglamentación, así que no hay problema con eso".
El querellado puso en junio de 2001 su cargo de Intendente a disposición del Presidente, quien decidió nombrar en su lugar al también DC Carlos Tudela.
Navarro ha desempeñado diversos cargos públicos en los últimos años. Entre otros estuvo a la cabeza de la hoy desaparecida Digeder, y fue vicepresidente de Colo Colo. Luego de dejar la Intendencia fue elegido presidente del club Provincial Osorno, cargo que también dejó para dedicarse a la docencia. |
SANTIAGO.- Las irregulares relaciones entre empresas constructoras y las autoridades no sólo se enmarcan en los casos MOP-GATE y MOP-CIADE que actualmente investiga la Justicia en Santiago, puesto que en regiones, específicamente en la Décima, los tribunales analizan una compleja situación que llevó prácticamente a la quiebra a un empresario que efectuaba trabajos para el Gobierno.
Guido Klein Brange, dueño de varias empresas del rubro, presentó en Puerto Montt una querella contra el ex Intendente de la Décima Región, Iván Navarro, y quienes resulten responsables de los delitos de fraude al fisco, denegación de servicio, negativa de pago previsto, apropiación indebida y asociación ilícita.
En la acción legal, que investiga el Primer Juzgado del Crimen de esa ciudad, el empresario Klein acusa a la ex autoridad de Gobierno y al Ministerio de Obras Públicas (MOP) de negligencia dolosa por atrasarse en el pago de documentos. Esto con el objetivo final de liquidar los contratos que habían sido adjudicados a sus empresas, para asignarlos posteriormente, mediante una propuesta privada, a otra constructora por un monto considerablemente mayor al que correspondía.
Irregularidades
Desde 1985 Guido Klein tenía como principal patrimonio a la empresa Ingeniería y Construcciones Puerto Montt S.A., parte del grupo de empresas KGB, dedicada al giro de construcción de obras viales en las regiones Décima y Undécima tanto para el MOP como para los Gobiernos Regionales.
Según describe la querella y el propio afectado, en mayo de 2000 su empresa tenía en ejecución siete contratos de obras con el MOP, algunos de ellos a través del Gobierno Regional, pero en marzo y abril del mismo año ocurrieron dos hechos que lo dejaron en una delicada situación económica y que finalmente terminaron por llevarlo a la insolvencia, a causa de irregularidades cometidas por las autoridades.
Uno de los contratos que la empresa Ingeniería y Construcciones Puerto Montt S.A. ganó mediante una licitación pública el 15 de noviembre de 1999 era “Mejoramiento Ruta V-46 Fresia, Parga, Las Cañitas II” en la Décima Región.
El proyecto consistía en la pavimentación en doble tratamiento asfáltico de una longitud de 14,580 kilómetros, que se adjudicó por una suma de $1.666.200.617 con el régimen de pago diferido, vale decir, un sistema en el que el contratista financia al MOP, dinero que va recuperando al final del contrato.
No obstante, los abogados Alejandra Silva y Eduardo Villarroel, quienes patrocinan la querella, sostienen que el Ministerio tardó 8 meses en dictar las resoluciones correspondientes, -un proyecto licitado debe comenzar aproximadamente 60 días después-, lo que impedía a la empresa de Klein poder postular a otros contratos, y además le obligó por ese período asumir los costos hasta el inicio oficial de las obras. El retraso fue injustificado, según un pronunciamiento posterior de la Contraloría General de la República.
La acción legal relata además que tanto el MOP como el Gobierno Regional se retrasaron “deliberadamente” y en reiteradas oportunidades en los estados de pago acordados, y detalla que desde marzo de 2000 éstos se cancelaban incluso con 30 y más días de atraso, lo que provocó que la empresa constructora no pudiera cumplir con los compromisos respaldados mediante letras y cheques, y entrara en Dicom.
A la ya compleja situación que enfrentaba Klein, se sumó que los tres contratos más importantes que tenía en la región fueron liquidados por las autoridades por el hecho de que la empresa aparecía en Dicom, sin siquiera considerar el estado de avance que tenían las obras, y otras circunstancias que influyeron en ellas, como por ejemplo problemas climáticos que impidieron un trabajo normal.
Según los querellantes, la situación es más irregular aún al tener en cuenta que a otras empresas contratistas de la zona que a la misma fecha también tenían información comercial en Dicom no les fueron liquidados los contratos, y que las obras que las empresas de Klein tenían en la Undécima región continuaron sin problemas, aún cuando los montos comprometidos eran superiores.
En el caso específico del contrato por el citado camino Fresia-Parga-Cañitas, los querellantes afirman que el termino de contrato, en octubre de 2002, es aún más injusto puesto que las obras se encontraban conforme al avance físico programado, y se había llegado a un acuerdo para cancelar las remuneraciones pendientes.
Fraude al fisco
Inmediatamente después de liquidados “unilateralmente” los contratos con la empresa de Klein, a comienzos de 2001, el MOP y el Gobierno regional llamaron a una licitación privada –en la que invitan a participar a determinados contratistas- y adjudicaron el 20 de julio del mismo año la obra a la empresa contratista “San Felipe S.A., por la suma de $3.473.291.658, a más del doble del precio de adjudicación de Ingeniería y Construcciones Puerto Montt.
Según argumentan los querellantes este hecho devela “las verdaderas intenciones de los involucrados para dar término anticipado a los contratos, para, a continuación, adjudicar la obra mediante un sistema de urgencia, sin licitación pública, a una empresa con mejores contactos políticos que los nuestros, la que además se apropió de las obras ejecutadas con capital propio, en confabulación con los funcionarios públicos involucrados”.
La investigación actualmente está en manos del juez Francisco Del Campo Vidal, quien está realizando una serie de diligencias solicitadas por los querellantes.
La abogada Silva se manifestó muy esperanzada de que luego de la investigación su cliente “recupere la honra que perdió, las empresas que perdió y pueda dar la cara a la zona. Él era el mejor empresario de allá”.
La profesional adelantó además que en septiembre próximo solicitarán a la Contraloría que efectúe una investigación sobre el caso.
