SANTIAGO.- El Ministro Secretario General de la Presidencia, Francisco Huenchumilla, justificó los 30 millones de dólares que costará el programa de reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, al argumentar que es una deuda que el Estado debía asumir.
"Las violaciones a los derechos humanos corrieron por cuenta del Estado y el Estado tiene que reparar los daños causados, porque así lo dice un mínimo de principio ético y las obligaciones legales que tenemos".
En entrevista con radio Universidad de Chile, el secretario de Estado aclaró que dicha iniciativa cumple un rol esencial en la superación de los conflictos generados durante el régimen militar.
"Estamos reparando una deuda y eso permite avanzar en un camino de reencuentro de los chilenos, para darle sentido a estos 30 años que nos posibilite mirar hacia delante sin olvidar el pasado, pero superando los traumas que tenemos", sostuvo.
Huenchumilla se mostró partidario de seguir analizando las distintas fuentes de financiamiento, aparte del presupuesto general, como por ejemplo, los recursos destinados a las Fuerzas Armadas.
Al ser consultado sobre la solicitud de los familiares de detenidos desaparecidos de derogar la Ley de Amnistía, afirmó que dicha petición no garantiza un juicio más estricto a los involucrados, ya que los procesados mantienen los beneficios que les otorga la Constitución.
"Lo que hay que entender es que en nuestra Constitución, las normas que establecen ciertos beneficios a favor de personas procesadas prevalecen aunque se derogue, porque permanece el principio proreo. Aunque la Ley de Amnistía se derogara, eso podría regir para el futuro pero no para las personas que están encausadas o procesadas en virtud de hechos acaecidos durante la vigencia de la ley", explicó.
El secretario de Estado manifestó su optimismo en el trámite parlamentario, informando que en la primera semana de septiembre ingresarán al Congreso los primeros proyectos de reparación.