SANTIAGO.- Decidido a defender su honra y confiado en que la Justicia determinará que las acusaciones por apropiación indebida y asociación ilícita en su contra son falsas, el ex Intendente de la Región de Los Lagos, Iván Navarro, sostuvo que la querella presentada por el empresario contratista Guido Klein es "una grosería política".
Navarro enfrenta una
querella presentada ante el Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, en la que Klein, quien efectuaba diversas obras viales en la Décima Región, lo acusa de los delitos de fraude al fisco, denegación de servicio, negativa de pago previsto, apropiación indebida y asociación ilícita.
En la acción legal que investiga el juez Francisco Del Campo, el empresario contratista acusa al Gobierno Regional y al Ministerio de Obras Públicas (MOP) de negligencia dolosa por atrasarse en el pago de documentos, con el objetivo final de liquidar los contratos que habían sido adjudicados a sus empresas para asignarlos posteriormente, mediante una propuesta privada, a otra constructora por un monto considerablemente mayor al que correspondía.
Navarro relata que "efectivamente nosotros le pusimos término a dos contratos de los tres que menciona la querella", pero explica que no fue en forma arbitraria, como sostiene el empresario, sino que por motivos de carácter social y razones legales y reglamentarias.
Al respecto, argumenta que Klein "abandonó las obras entre mayo y junio del año 2000 y dejó de pagarles a los trabajadores, especialmente a los subcontratistas que vivían prácticamente del trabajo en esta constructora".
Agrega que al dejarlos sin pagos "hasta el día de hoy", los trabajadores acudieron a la Intendencia y al MOP pensando que podrían recibir ayuda, "de manera tal que tuvimos una razón, que fue ayudar a una gran cantidad de gente que quedaba cesante".
Además, Navarro afirma que la ley dice que una de las razones para poner término anticipado a un contrato de trabajo es que la constructora tenga insolvencia económica, y "en el caso de la constructora del señor Klein, tenía un Dicom con 120 millones de pesos aproximadamente no planificados y con documentos protestados, por lo tanto yo estaba en la obligación legal de poner término a un contrato por insolvencia".
Navarro detalla que la modalidad de pagos por obras terminadas que menciona Klein en su querella no corrió, "porque a él se le dieron por ambos contratos anticipos por cerca de 250 millones de pesos, y con eso él tenía para financiar las obras hasta el punto en que estaban".
Explica además que las órdenes de pago no se cursan en la Intendencia o en el MOP por voluntad de las autoridades, sino que hay un informe de un inspector fiscal que dice si hay avance de obras suficientes como para dar curso a un estado de pago.
"Mientras nosotros no recibíamos el visto bueno del inspector fiscal no podíamos girar órdenes de pago, y no tuvimos estados de avance adecuados como para poder pagar en un momento determinado", afirma.
La ex autoridad de Gobierno, quien ahora se desempeña como docente universitario, sostiene que aún no ha sido notificado de la acción legal, y que no teme a la investigación judicial, puesto que tiene "la absoluta certeza de que las cosas fueron hechas como tenían que hacerse".
Asevera además que la supuesta asociación ilícita que le imputan, "es una grosería política" y agrega que una vez que la investigación concluya hará uso de las facultades que le otorga la ley para defender su honra. "Yo no puedo admitir que se hagan cargos de esta naturaleza sin tener absolutamente ninguna prueba que lo justifique, y por lo tanto yo espero que la Justicia lo va a demostrar".
Navarro afirmó además que en los últimos días se han activado diversos juicios de los trabajadores contra el empresario Klein. "Han venido a hablar conmigo un grupo de ellos porque todavía tienen los sueldos impagos", relató.
