SANTIAGO.- La abogada de derechos humanos Pamela Pereira criticó que la propuesta sobre derechos humanos del Gobierno contemple la posibilidad de dar inmunidad a quienes den información sobre las violaciones de los derechos fundamentales.
En entrevista con Radio Cooperativa, Pereira alegó que la inversión en reparaciones para los familiares de las víctimas es "una cifra bastante menor".
La jurista consideró que el "aspecto negativo" del proyecto es que la "inmunidad significa un privilegio que, en los términos que está planteado, es abierto a cualquier persona que entregue información, para no comparecer posteriormente al juicio. Eso, en otras palabras, es garantizarle anticipadamente una impunidad (...) va contra los propios intereses que plantea la propuesta, desde el punto de vista del valor de la justicia".
La militante del Partido Socialista (PS) agregó que cree que existe un "desconocimiento muy profundo" de la realidad de las violaciones a los derechos humanos por parte de quienes redactaron la propuesta, pues se buscó proteger a quienes fueron testigos casuales de los hechos o actuaron bajo el temor de sufrir represalias, casos que son muy aislados.
"En temas de torturas, en temas de ejecuciones, en temas de secuestros no hay intrusos. No hay gente que iba pasando y muy circunstancialmente se enteró o estaba sirviendo el café pero no tenía que ver con el asunto. La verdad es que esta realidad no es así", sentenció.
La profesional indicó que a pesar de que existen puntos revisables de la propuesta de derechos humanos, ésta contiene importantes aspectos reivindicativos para los familiares de las víctimas, tanto en temas judiciales como de reparaciones, pero aclaró que considera que "es probable que se requiera más (dinero) y el Estado debe colocar todos lo recursos".
Recordó la estafa a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), donde -según dijo- el Estado no dudó en entregar dineros al sistema bancario para asegurar su estabilidad y "por lo tanto, 30 millones de dólares, para mejorar y aliviar un poquito la situación de las familias de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, a mí me parece una cifra bastante menor".
"El Estado de Chile, si tiene que endeudarse, debe endeudarse para resolver el tema", añadió, pues "construir la paz es difícil y a veces cuesta mucho".
