SANTIAGO.- La organización internacional Human Rights Watch apoyó hoy la propuesta del Presidente Ricardo Lagos para resolver los problemas pendientes de derechos humanos, y dijo que no puede ser interpretada como un punto final.
Así lo señaló el director ejecutivo para América Latina del organismo, José Miguel Vivanco, quien manifestó, en cambio, reparos sobre el beneficio de inmunidad a quienes den información sobre los desaparecidos durante el régimen militar (1973-1990).
La iniciativa de Lagos, que recogió puntos de vista de todos los sectores antes de presentarla al país, el pasado día 12, incluye inmunidad para los militares que entreguen información sobre desaparecidos y los que hayan actuado como subordinados en los crímenes.
"En general la propuesta es positiva y hay que apoyarla", dijo Vivanco en declaraciones a radio Cooperativa, en las que destacó la designación de jueces especiales para todos los casos de violaciones a los derechos humanos, que incluye la iniciativa.
"Si uno la revisa, no hay ninguna insinuación de punto final; al contrario, lo que hay aquí son esfuerzos por invertir en justicia", afirmó.
Vivanco sostuvo que lo único "delicado" en la propuesta y que hay que revisar "con mucho cuidado" es el beneficio de ofrecer inmunidad.
"Es importante velar para que esa inmunidad no vaya en beneficio de quienes están involucrados en hechos atroces", advirtió y afirmó que esa tarea corresponderá al Parlamento, donde este aspecto debe quedar "muy claro".
El director regional también consideró que la Ley de Amnistía que impuso el régimen militar en 1978 "no ha sido obstáculo" para la investigación de las violaciones a los derechos humanos en Chile, lo que a su juicio marca "una diferencia importante" entre este país y Argentina, que anuló esta semana las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
"Felizmente los tribunales chilenos han seguido investigando y desde 1998 han aplicado en los casos de desaparecidos la doctrina del secuestro permanente", indicó.
Esta figura, que obliga a seguir investigando hasta que el cuerpo o la persona aparezca, ha permitido que en estos momentos en los tribunales chilenos están abiertos 300 procesos en los que están involucrados al menos 180 militares.
