VALPARAÍSO.- El Senado despachó a la Cámara de Diputados, para su tercer trámite, el proyecto que crea la Unidad de Análisis Financiero, iniciativa que sufrió varias modificaciones durante su estudio en las comisiones unidas de Constitución y Defensa y en la de Hacienda.
Uno de las principales cambios es que el director del servicio se regirá por el sistema de Alta Dirección Pública, por lo que ya no será nombrado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado. Esta norma fue aprobada con la abstención del senador Jaime Orpis.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) se crea con el fin de controlar el uso del sistema financiero nacional, para ello se establece que será un servicio público descentralizado, relacionado con el Presidente de la República por medio del ministerio de Hacienda.
El organismo recibirá información acerca de las operaciones que se realicen con diversas personas, particularmente bancos e instituciones, con el propósito de detectar aquellas acciones que pudieran ser sospechosas de configurar lavado de dinero y de asociación ilícita para el lavado de dinero. En ese caso, deberá remitir los antecedentes respectivos al Ministerio Público.
Una de las modificaciones efectuadas por las comisiones de Constitución y Defensa Unidas fue la establecer que el director del servicio se regirá por lo estipulado en el sistema de alta dirección pública y que tanto para acceder a ese cargo como al de jefe de división se deberá acreditar cinco años de experiencia profesional como mínimo. De esta forma, se descarta que el nombramiento de la máxima autoridad de la UAF sea efectuado por el Presidente de la República con acuerdo de la mayoría de los senadores en ejercicio.
Además, determinaron que sea el Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago –y no un ministro designado por él como se propuso originalmente- quien deberá autorizar la solicitud del organismo para conocer los documentos.
El ministro tendrá un plazo de 24 horas para resolver, sin audiencia ni intervención de terceros. En el caso que el juez determine rechazar la solicitud, la resolución será someramente fundamentada, pudiendo la Unidad apelar a ella. Dicha apelación será conocida por la sala de cuenta de la Corte de Apelaciones de Santiago. La solicitud se tramitará en forma secreta y los antecedentes serán devueltos al servicio.
Los senadores incluyeron en entre los que serán castigados con una pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio (de cinco años a 15) y una multa de 200 a mil UTM a quienes de cualquier forma oculten el origen ilícito de determinados bienes a sabiendas que provienen directa o indirectamente de alguno de los delitos sancionados en la ley de drogas, la ley que determina las conductas terroristas y fija Otro cambio efectuado por esas instancias legislativas fue el de agregar a la lista de instituciones obligadas a informar sobre actos, transacciones u operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades, a las empresas de securitización, las administradoras generales de fondos y a las administradoras de fondos de inversión.
Los legisladores permitieron el uso de substancias estupefacientes o psicotrópicas a funcionarios de la unidad en el caso de que su uso esté destinado exclusivamente a la atención de un tratamiento médico.
Por su parte, los senadores de la comisión de Hacienda acotaron la posibilidad de que el organismo pueda recibir donaciones sólo a aquellas que provengan de instituciones públicas, nacionales, extranjeras o internacionales.
Originalmente, los planteamientos de esta iniciativa formaban parte del proyecto que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, más conocido como "ley de drogas", sin embargo, fueron desglosados de aquella con el fin de agilizar su despacho en el Congreso.
