SANTIAGO.- Un año después del paro de la locomoción colectiva que afectó a la capital, la jueza (s) del 9º Juzgado del Crimen de San Miguel, María Magdalena Pavia, ordenó el procesamiento de 38 choferes que abandonaron sus microbuses en arterias y cruces de alta circulación con el fin de obstruir el tránsito.
Con el sometimiento a proceso de estos conductores, por una acción interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), comienza a configurarse el delito de alteración del orden público por el bloqueo de calles que afectó al Gran Santiago el 12 y 13 de agosto del 2002.
En los próximos días se espera que se dicte otra resolución contra cinco dirigentes de los empresarios microbuseros, por un requerimiento del Ministerio del Interior por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado.
El procesamiento dictado por la jueza Pavia representa parte de las acciones judiciales que el CDE está patrocinando en ese tribunal, pues aún se está investigando por el paro. Están pendientes nuevas diligencias para esclarecer la participación de alrededor de otro centenar de choferes y empresarios de la locomoción colectiva.
El abogado procurador del CDE en San Miguel, Antonio Navarro, aseguró que el interés del Consejo se basa en que con el bloqueo de calles "concertadamente se violentó el artículo 269 del Código Penal, que sanciona a quienes perturben gravemente la tranquilidad pública".
Asimismo, planteó que la acción concertada y planificada atentó contra el Estado de Derecho porque "violentó garantías constitucionales como la de la libre circulación, el derecho a la salud —alterado debido a los numerosos problemas generados para quienes tuvieron que acudir a postas y hospitales—, los derechos al trabajo y a la educación, e incluso el derecho a la propiedad, a causa del ausentismo laboral que afectó la productividad de las empresas".
El paro de la locomoción colectiva, que culminó con los dirigentes de los empresarios en la cárcel, impidió la movilización de casi 4,5 millones de personas que utilizan este medio, según el CDE.
Navarro distinguió entre los autores intelectuales del bloqueo y los ejecutores materiales, aclarando que "dentro de los grados de participación que contempla el Código Penal están los inductores y están los ejecutores, siendo en este caso 38 los choferes procesados, a quienes el CDE les ha podido establecer la responsabilidad".
La pena establecida por la ley indica que podrían ser condenados los choferes como autores materiales a reclusión menor en su grado mínimo, es decir, de 61 hasta 540 días de presidio.
Dirigentes de choferes: "Empresarios tienen que dar la cara"
Los dirigentes de los empresarios de la locomoción colectiva se negaron a comentar el procesamiento de los 38 choferes, pues prefieren mantener silencio debido a que en los próximos días debe dictarse la resolución en la causa por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Sin embargo, los dirigentes de las dos confederaciones de choferes calificaron la resolución de la jueza Pavia como "extremadamente grave".
El presidente de la Conatrach, Pedro Monsalve, dijo que "los conductores fueron inducidos por los empresarios. No se está condenando a los verdaderos culpables, porque los empresarios tienen que dar la cara". "Este es un problema muy delicado, porque varios cientos de conductores podrían pagar por algo a lo que fueron inducidos. Nosotros les advertimos antes de que se produjera el paro", agregó Monsalve.
En tanto, el presidente de la Conutt, Ricardo Maldonado, dijo que cotejarán si entre los procesados hay miembros de esa confederación. Maldonado señaló que "todo ciudadano tiene el derecho a manifestarse y a hacer huelgas. Aquí se están violando los derechos constitucionales y los derechos humanos", y expresó que su entidad podría elevar una queja ante la Organización Internacional del Trabajo.
El 12 de agosto de 2002 decenas de buses fueron cruzados en Vespucio con Santa Rosa para impedir la circulación de los santiaguinos.
