SANTIAGO.- El Ministro del Interior, José Miguel Insulza, será el encargado de coordinar los organismos del Estado que se vinculen con la prevención y combate de la delincuencia, según confirmó hoy el Presidente de la República, Ricardo Lagos.
El Mandatario explicó que dictará un decreto supremo para determinar la labor que regirá hasta que el Parlamento apruebe la reforma constitucional que crea la Subsecretaría de Seguridad Pública.
"Vamos a dictar el decreto por el cual se establece un comité de coordinación en el ámbito de la seguridad ciudadana y un ministro coordinador con facultades de tal, que en este caso va a ser el ministro del Interior", señaló hoy el Jefe de Estado.
De esta forma, el ministro Insulza deberá centralizar las políticas que desarrollan organismos como el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace), la oficina de Extranjería del Registro Civil, el Servicio Nacional de Menores (Sename), el Servicio Médico Legal (SML) y Gendarmería.
Además, las dos policías estarían bajo su dependencia.
En declaraciones efectuadas en el Palacio de La Moneda, el Mandatario agregó que "esto tiene que ver con algo que está en el Parlamento, con una reforma constitucional respecto de la dependencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones, respecto de una sola autoridad".
El ministro Insulza, en tanto, sostuvo que no hay que confundir la creación de esta nueva figura de ministro coordinador con la creación de un nuevo ministerio, materia que está en estudio en las distintas carteras competentes.
La creación de la coordinación de seguridad fue determinada el pasado lunes 1 de septiembre, tras una reunión entre el Mandatario, los ministros y subsecretarios de Interior, Defensa y Justicia; y oficiales de Carabineros e Investigaciones.
El decreto está fundado en el artículo 33° de la Constitución Política del Estado, que señala que "el Presidente de la República podrá encomendar a uno o más Ministros la coordinación de la labor que corresponde a los secretarios de Estado".
La fórmula legal ya había sido utilizada en agosto del 2001 con la designación de Francisco Fernández como Defensor del Pueblo. También fue empleada para coordinar la política indígena y la de desempleo.
