SANTIAGO.- Los hijos de víctimas del régimen militar que desde el pasado 18 de agosto realizan una huelga de hambre contra la "impunidad" de los crímenes del régimen militar se encuentran en "estado crítico", dijo hoy su portavoz.
Fahra Nehgme Cristi debió dejar hoy la huelga tras permanecer internada desde el pasado miércoles en un hospital, por una insuficiencia renal que le provocó una deshidratación severa, además de una úlcera duodenal hemorrágica.
Al mismo tiempo, Pablo Villagra, que estuvo también hospitalizado y volvió a la huelga, presenta serios problemas hepáticos mientras Alberto Rodríguez está con una deshidratación importante, dijo Olivares.
Pese a esta situación, Villagra y Rodríguez decidieron continuar con su acción, a la que se sumaron ayer, por 72 horas, un grupo de madres y esposas de víctimas, entre ellas la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.
Ana María Olivares, vocera de los huelguistas, destacó el apoyo de organizaciones sociales, sindicales y del exterior que ha recibido el movimiento.
En un comunicado, los jóvenes y las mujeres acusaron al gobierno de Ricardo Lagos de mantener una actitud "indolente" frente al movimiento y sus demandas, y tildaron de "traidor" al mandatario socialista.
El ministro del Interior, José Miguel Insulza, dijo este jueves que el gobierno está preocupado por la salud de los huelguistas, pero sostuvo que no hay mucho margen para tomar medidas a su favor, salvo presentar recursos de protección si la salud de ellos se agrava para que puedan ser alimentados a la fuerza.
La huelga de hambre ha sido acompañada de acciones solidarias desarrolladas por diversas organizaciones humanitarias, incluido un ayuno que desde el 25 de agosto realizan tres hijos de exiliados en la sede de la embajada de Chile en Bélgica.
En el comunicado, los hijos de detenidos desaparecidos saludaron el apoyo que han recibido de los chilenos que residen en el exterior, que en distintas embajadas han entregado su respaldo al movimiento.
La protesta de los jóvenes apunta al plan oficial presentado al país para aliviar la situación de derechos humanos que ofrece inmunidad a ex represores que colaboren con la justicia y no hayan sido imputados en juicios, y rebajas de penas para quienes las hayan tenido.
Las víctimas de la dictadura exigen también la anulación de los efectos de la ley de amnistía, lo que ha sido descartado por Lagos por no tener ningún efecto práctico.
En la actualidad hay alrededor de 180 ex represores, en su mayoría del Ejército, procesados o condenados en primera instancia en cerca de 300 juicios sobre violaciones a los derechos humanos.
