SANTIAGO.- El subsecretario de Telecomunicaciones, Christian Nicolai, solicitó una investigación judicial relacionada con el incumplimiento de las obligaciones de una empresa que administraba telecentros comunitarios, subsidiados por el Estado, en comunas pobres en las regiones V, VI y Metropolitana, al tiempo que pidió al Consejo de Defensa del Estado que ejerza las acciones civiles y criminales que correspondan.
La acción judicial presentada esta mañana busca que se estudie la eventual existencia de delitos que perjudican al Estado y que habrían sido cometidos por una empresa administradora de telecentros comunitarios.
Conjuntamente, la autoridad solicitó al Consejo de Defensa del Estado que se haga parte del caso y presente una querella contra quienes resulten responsables de una eventual defraudación al Estado.
La acción, explicó la autoridad, se basa en el cierre de telecentros que ordenaron los representantes de la firma y que podrían ser causal de defraudación al fisco.
La empresa debía administrar, durante 5 años, 6 redes de conexión comunitaria y para ello le fueron asignados, por el Consejo del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones un subsidio de 485 millones de pesos para la instalación de 48 centros de atención.
Producto de una fiscalización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se constató el funcionamiento de sólo 21 de los centros de acceso autorizados.
En el caso denunciado, las obras fueron debidamente recepcionadas en su oportunidad, comprobándose el cumplimiento de los requisitos sobre conexión en banda ancha para cinco computadores de última generación; facilidades para el acceso de discapacitados y la contratación de un operador que explique el funcionamiento de Internet.
Sin embargo, durante la fiscalización de Subtel se detectó el cierre injustificado de locales antes de que cumplieran ocho meses de operación.
"En este momento estamos trabajando en el desarrollo de mecanismos que permitan restablecer el servicio en las zonas que han sido perjudicadas", explicó Nicolai tras presentar el escrito.
"Hoy lamentamos que el desarrollo comunitario de Internet que tiene cerca de un 80% de cobertura en el país se vea perjudicado por estos hechos", agregó.
El subsecretario fue enfático al afirmar: "seremos inflexibles en exigir el cumplimiento de la ley general de telecomunicaciones y toda disposición legal, persiguiendo también las responsabilidades civiles y penales, si las hubieran, para proteger el interés fiscal y de todos los ciudadanos".
