SANTIAGO.- El abogado querellante en la causa por la desaparición de colaboradores del ex Presidente Salvador Allende en La Moneda en 1973 Nelson Caucoto, manifestó hoy su confianza en que el general (r) Luis Joaquín Ramírez Pineda, extraditado desde Argentina, será juzgado en Chile y no correrá la misma suerte que el general (r) Augusto Pinochet.
En declaraciones a Radio Cooperativa, el abogado se refirió así al hecho de que tan pronto llegó a Santiago Ramírez Pineda fue llevado al Hospital Militar para ser examinado a causa de una diabetes que padece.
"Espero que no se repita en otras causas el mal precedente que dejó (Augusto) Pinochet", dijo el letrado, en referencia al ex gobernante, que se liberó de los juicios en su contra en Londres y en Chile debido a su precario estado de salud.
"Ramírez andaba paseando en Argentina cuando fue detenido y ahora se pretende confeccionar una imagen de que está sumamente enfermo", dijo el abogado, en cuya opinión, el oficial que comandaba el regimiento Tacna el día del golpe "está en condiciones" de enfrentar un juicio.
"Tengo fe en que los tribunales harán lo que corresponde y este caso no quedará impune", subrayó Caucoto.
Tras ser examinado en el Hospital, Ramírez Pineda quedó detenido en el Comando de Telecomunicaciones y el lunes será puesto a disposición del tribunal que lleva el caso por los desaparecidos del palacio de La Moneda.
La detención del militar chileno en Buenos Aires, en septiembre del año pasado, se cumplió a requerimiento de un tribunal de Francia, que lo inculpó por la desaparición del médico de origen francés George Klein, uno de los colaboradores de Allende capturados en La Moneda en 1973.
La orden de captura contra Ramírez Pineda y otros 14 ex militares chilenos fue dictada el 25 de octubre de 2001 por el juez francés Roger Le Loire, quien investiga desde 1998 la desaparición de cinco ciudadanos chilenos-franceses.
Klein y casi una treintena de otros presos de La Moneda fueron sacados del regimiento Tacna dos días después del golpe para ser llevados a un campo militar cercano a Santiago, en el que fueron asesinados a tiros, sus cuerpos despedazados y sepultados clandestinamente en una fosa, según testimonios que constan en el proceso.
Cinco años más tarde, los restos fueron desenterrados, echados en sacos y lanzados al mar, pero la jueza especial chilena Amanda Valdovinos logró con medio millar de fragmentos óseos hallados en el lugar del crimen establecer que se trataba de los desaparecidos de La Moneda.
Según el abogado Caucoto, la responsabilidad de Ramírez Pineda en estos casos está comprobada por la confesión de unos suboficiales que participaron en la matanza, más allá de que personalmente el ex uniformado siempre ha sostenido que no tuvo injerencia o que incluso haya negado que los prisioneros hayan pasado por su regimiento.
