SANTIAGO.- La investigadora del Programa Político del Instituto Libertad y Desarrollo, Ena Von Baer sostuvo que el Gobierno terminó con el conflicto por la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, pero no solucionó el tema de fondo, ya que "marcará la pauta para todos los megaproyectos futuros que afecten a tierras indígenas".
Así lo señaló al referirse al hecho que sólo gracias a la intermediación directa del Gobierno se logró dar término a diez años de interminables conflictos relacionados con la construcción de la central hidroeléctrica.
"Los grupos indígenas cuentan con una potente arma de negociación gracias a la discriminación positiva que emana de la ley Indígena y al fuerte apoyo que reciben del exterior. En este sentido las señales de Ralco para el futuro son claras: vale la pena esperar para recibir mayores beneficios", señaló.
La alta capacidad de negociación de los grupos indígenas no es privativa de las etnias chilenas, también se da en países como Australia y Canadá. Según la experta, el problema es que si no se establecen mecanismos claros y se deja actuar la institucionalidad establecida para resolver los conflictos, los efectos económicos y sociales para el país y especialmente para las regiones que cuentan con alta concentración indígena van a ser altos.
Esto porque este tipo de proyectos están asociados a nuevos empleos y desarrollo para las personas que viven en esas zonas, y "la próxima empresa que quiera realizar un proyecto que afecte tierras indígenas evaluará si realmente quiere enfrentarse a los problemas que se han suscitado en Ralco", expresó.
La investigadora recordó que las últimas familias que se oponían a su construcción accedieron a la entrega de sus tierras a cambio de 200 millones de pesos, 77 hectáreas de parte de Endesa, además de 1.200 adicionales que comprará el Gobierno. Ello después de que las familias pehuenches que ya en 1998 estuvieron de acuerdo con permutar sus tierras fueron calificadas de "traidores".
En el caso de Ralco, explicitó la pugna que existe entre la interpretación de la ley Eléctrica y la ley Indígena, al afirmar que la primera establece que dado que la energía eléctrica es un bien de servicio público, las empresas del rubro pueden, considerando el interés general de todo el país, imponer cargas o gravámenes a terceros cuando éstos se opongan, con el fin de concretar los proyectos eléctricos, sin perjuicio de indemnizar debidamente la pérdida o menoscabo que éstos sufran.
En tanto la ley Indígena tiene como fin la protección de las tierras indígenas ya que las ve como el fundamento de las culturas de estos grupos. En el caso de Ralco bastó la oposición de 7 familias para que se pensara en la paralización total del proyecto, concluyó.
