SANTIAGO.- Un informe del diputado UDI Darío Paya y Gonzalo Arenas, que tercia en la polémica sobre la delincuencia entablada entre el alcalde Joaquín Lavín y el ministro del Interior José Miguel Insulza, señala que "los cuatro millones de asaltos sufridos por los chilenos desde 1990 son el efecto inevitable de medidas tomadas por la Concertación".
En una dura acusación, Paya y Arena indican que "decir que la Concertación "ha fracasado en su lucha" contra la delincuencia es engañoso, pues la verdad es que la Concertación nunca se propuso luchar contra los delincuentes. Por el contrario, su prioridad era garantizar los derechos del delincuente.
De acuerdo al informe afirman que "Lo hecho por la Concertación en estos trece años se resume en tres tipos de medidas:
1. Anuncio constante de medidas de protección y beneficio directo para los delincuentes – rebaja de penas, indultos, restricción de facultades policiales etc.
2. Reacciones puramente "comunicacionales" para enfrentar el problema político del Gobierno en los noticiarios.
3. Se ha incrementado fuertemente el gasto público en burocracia pero con una ausencia total de resultados concretos.
El resultado , según ellos es que "Tres de cada cuatro chilenos admiten sentir miedo al salir de sus casas. Más de la mitad deja de salir a ciertas horas y de visitar lugares públicos. Entre los más pobres esta cifra se eleva sobre el 80%. Dos tercios de las familias reconocen haber tenido de gastar parte de sus ingresos en reforzar la seguridad de sus casas. Entre los más pobres "enrejarse" ha sido la única alternativa.
Según los autores del informe, "Estamos viviendo los efectos del programa "garantista" de la Concertación, de la interminable secuencia de rebaja de penas, ampliación de derechos de delincuentes, indulto de homicidas, ampliación de libertad provisional, eliminación de facultades policiales, indulto de violadores, término de la detención por sospecha, eliminación de la pena de muerte, indulto de narcotraficantes, etc. Estamos viviendo el efecto de las "garantías" que la Concertación se propuso crear y que son celebradas por los delincuentes y cuyo precio lo pagan los chilenos cada día.
A continuación citan diversos hechos que habrían conducido a esta situación:
"Desde su primer día en La Moneda, para la Concertación fue prioridad rebajar las penas a ciertos delitos, lo que logró en menos de un año. ... Una de las más emblemáticas medidas celebradas por la Concertación en su primer año de gobierno fue reducir la pena al robo con violencia e intimidación y el castigo para la sustracción de menores.
"La Concertación amplía el derecho a libertad provisional ... Desde entonces se han transformado en habituales los delitos cometidos por delincuentes que fueron dejados en libertad".
Añaden que en febrero de 1992, el Presidente Aylwin indultó de la pena de muerte a los 3 homicidas peruanos que secuestraron durante dos días, para posteriormente asesinar a sangre fría, a dos jóvenes ariqueños de 20 años de edad, Alexander Orrego y Marjorie Navarro .
"Ese mismo año el país se estremecía nuevamente por el crimen de un niño, Victor Zamorano Jones, de solo 9 años de edad, cuyos ecos se extenderían hasta 1996, cuando el Presidente Eduardo Frei repetiría lo que hecho antes por Patricio Aylwin, indultando al asesino y violador del menor".
"El 29 de enero de 1993, el Gobierno de la Concertación nuevamente contradice un fallo de los tribunales de justicia, indultando al "Chacal de Alcohuaz", autor del asesinato con un hacha, de una madre y sus tres hijos de ocho, cinco y tres años, en el Valle de Elqui en 1990".
"Respuestas burocráticas y comunicacionales"
Paya y Arenas acusan que "mientras se favorecía a delincuentes con leyes e indultos a la población se le intentaba demostrar preocupación por su seguridad mediante el anuncios de creación de nuevos tribunales (que no llegaron), de nuevas plazas de carabineros (que 8 años después, en el 2000, seguirían vacantes) y de nuevos entes burocráticos cuya ineptitud quedaría demostrada en los hechos (el "Consejo Coordinador de Seguridad Pública", en 1991, y "La Dirección de Seguridad Publica e Informaciones, en 1993)".
Como ejemplo de "pirotecnia comunicacional" dicen que "en Febrero de 1993, el Presidente Aylwin regala un nuevo anuncio: "Programa de Seguridad Vecinal". Tras conferencias de prensa y lanzamientos varios, nunca más se supo de este programa. Sería resucitado 10 años después con el nombre de "Comuna Segura Compromiso Cien".
"En un nuevo anuncio destinado a la nada, Aylwin usa el discurso presidencial de 21 de mayo de 1993, para anunciar la creación de los tribunales vecinales, iniciativa que nunca se concretó".
Como una segunda etapa de la "respuesta comunicacional" citan que "Con el Gobierno de Frei nacen a la vida virtual propia de las propuestas Concertacionistas los llamados "Paquetes de Medidas Gubernamentales" para combatir la delincuencia".
Agregan que "en septiembre de 1994, a sólo cuatro meses de haber anunciado ante el Congreso Pleno su preocupación por la delincuencia, Frei indultó al narcotraficante Angel Vargas Pargas – condenado por internación de media tonelada de cocaína al país, el mayor ingreso de drogas de la historia. Frei dejó sin efecto la condena del primer juzgado del crimen de Arica, confirmada por la Corte de Apelaciones de esa misma ciudad y por la Corte Suprema.
Vargas Pargas quedó en libertad. La Concertación sostuvo que nada tuvo que ver en el indulto el prominente vínculo del condenado con la Democracia Cristiana.
El decreto de indulto fue firmado por la entonces Ministra de Justicia Soledad Alvear".
Como una "pirotécnia comunicacional desvergonzada" señalan que "pocos días antes de que el escándalo del indulto de Vargas Pargas dejara estupefacto al país, Eduardo Frei promulgaba la nueva ley 19.366 sobre combate al tráfico de drogas".
Recuerdan que "Los otros 2 inculpados por esta internación de drogas, el Boliviano Hans Kollros y el Colombiano Fernando Cuesta, salieron de la cárcel de Arica, el 28 de enero de 1995,con un ¡permiso! de 16 horas dado por Gendarmería. Desde luego, nunca más regresaron. Fue así como el mayor ingreso de drogas a nuestro país quedó en la impunidad".
El informe continúa señalando que "El 2 de Agosto de 1996, el gobierno lanza un plan llamado "Seguridad Compartida", que consistiría "en una campaña de difusión por lo medios de comunicación social, destinada a fortalecer el valor de la solidaridad y la cooperación para enfrentar la delincuencia y revertir la sensación de inseguridad de la población". El resultado de esta campaña nunca se conoció....
Pero en la realidad el gobierno sigue enviando señales alentadoras a los delincuentes, y es así como tres semanas después, el 29 de agosto de 1996, el Presidente Eduardo Frei indultó a Cupertino Andaur, autor confeso de la violación y asesinato de un niño de 9 años de edad, dejando sin efecto el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema".
Presiones
En su larga enumeración, Paya y Arenas señalan que "El 9 de junio de 1996, se cometió la violación y asesinato de una niña de 5 años de edad. Su autor confeso, Juan Zenón, fue condenado a la pena de muerte, pero gracias a la Concertación, esta pena tampoco se aplicaría.
Como informó la prensa de la época, fuentes al interior del Ministerio de Justicia –cuya Ministro era Soledad Alvear- aseguraron que tanto la Corporación de Asistencia Judicial, que representaba a la víctima, como el SENAME, recibieron instrucciones para conseguir que la Corte de Apelaciones rebajara la pena y así evitar que el Presidente Frei tuviera que verse nuevamente enfrentado a una nueva solicitud de indulto".
Según señalan en el informe. "La incapacidad del Gobierno de la Concertación para decirle "no" a un delincuente, forzó una patética serie de hechos:
Presiones para favorecer a asesino y violador. Los abogados de la Corporación de Asistencia Judicial y del SENAME que representaron a los padres de la víctima, y que solicitaron y consiguieron en primera instancia la aplicación de la pena de la muerte, fueron reemplazados y sacados del caso.
El abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, Miguel Jara, fue reemplazado por la abogada Eliana Valenzuela, la que a pesar de las "orientaciones" recibidas de sus superiores solicitó se confirmara la pena de muerte -luego de lo cual ella misma confirmó las presiones para actuar en contrario.
Pero las presiones tuvieron éxito pues la abogada del SENAME Paquita Cabrera, fue reemplazada por Gonzalo Gálvez, quien si solicitó la rebaja de la pena.
Posteriormente se denunció que las autoridades de la Corporación de Asistencia Judicial intentaron además, engañar a la familia de la víctima con el fin de que transcurriera el plazo para presentar un recurso de casación en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que rebajó la pena".
Nuevas campañas
Los autores acusan que "La Concertación no abandona su estrategia comunicacional, y fue así como en marzo de 1997 anunció con gran despliegue periodístico un nuevo plan para erradicar la delincuencia de 5 comunas de Santiago. De sus resultados nunca se supo.
Secuestro masivo y violación. Mientras tanto, en el mundo real, en la madrugada del domingo 26 de abril de 1998, una pandilla de 7 delincuentes, varios de los cuales gozaban de libertad provisional, secuestraron un vehículo de la locomoción colectiva con 10 pasajeros en la ciudad de Valparaíso, entre ellos una joven de sólo 16 años, a la cual violaron en forma reiterada.
Respuesta: otro parche: Al día siguiente, el 27 de abril de 1998 el Presidente Frei lanzó sus "11 medidas del Nuevo Plan Antidelincuencia".
Otra gran conquista para los delincuentes. Pero en el mundo real se promulgaba la ley 19.567, la llamada "Ley de los derechos del detenido", que eliminó "la detención por sospecha", con lo cual se privó a la Policía de una importante herramienta para prevenir delitos".
"La Concertación pierde el pudor"
El informe cita luego lo que llama "asesinatos episódicos":
"El día 23 de julio de 1998, una joven mujer de 27 años, quien viajaba junto con su madre en un automóvil Daewoo, se detuvo en un semáforo con luz roja en calles Bulnes y Mapocho, siendo asesinada de dos balazos, frente a su madre, por antisociales que robaron su automóvil. El subsecretario subrogante de Interior, Marcelo Schilling calificaba este homicidio como "episódico entre la delincuencia callejera santiaguina, del cual no se puede concluir una tendencia en los robos con violencia".
Ante la conmoción que produjo el asesinato, el 30 de julio de 1998, el gobierno lanza nuevamente un gran programa para reducir los índices de delincuencia, y señaló que intentará potenciar algunos proyectos de reforma constitucional, como el cambio de la dependencia de ambas policías para que se transfieran del Ministerio del Interior y la creación de un Viceministro de Seguridad Pública.
El 1 febrero de 1999, nuevamente el gobierno lanzó un "Plan de Seguridad Vecinal Integral", del cual nunca se tuvo más noticias.
Aunque usted no lo crea -dicen- "el 21 de mayo de 1999, el Presidente Frei anuncia la elaboración de un "Plan Integral de Seguridad Ciudadana". En el mundo real todavía no se completaban 1.200 vacantes de carabineros autorizadas –y anunciadas- 8 años antes.
El 12 de mayo de 2000 se crea el "Comité de Coordinación Interministerial de Seguridad Ciudadana", el cual sesionó en 3 oportunidades el año 2000".
Menos pobres, más delincuencia
Señalando que "la Concertación pierde definitivamente el pudor" dice que ésta recurre a "la pobreza" como excusa y justificación de la realidad del delito.
"Además de injuriar brutalmente a los más pobres –que en realidad son las principales víctimas de la delincuencia-se está mintiendo. El aumento explosivo de la delincuencia en la última década coincide con un período en que la cantidad de pobres ha disminuído. Hay menos pobres pero hay más delincuencia'' , afirman, citando a los estudios Evolución porcentual de la pobreza en Chile 1990-2000, según la encuesta CASEN (Fuente: Mideplan) y número de denuncias por robos y hurtos a Carabineros de Chile (Fuente: "Anuario de Estadísticas Criminales". Año 2002. Fundación Paz Ciudadana.)
"Fracaso de receta socialista"
Paya y Arenas argumentan que "Con la tradicional creatividad socialista, la Concertación ha procurado paliar los efectos pro-delincuencia de sus propias acciones mediante el fracasado expediente de "tirarle plata al problema". La falta absoluta de resultados positivos es patética. En la práctica, el aumento del gasto público en la materia (98% en una década) y el de los delitos han ido de la mano en un perfecto y dramático paralelismo".
(Evolución del gasto público en justicia y seguridad 1992-2001, expresado en millones del pesos del 2001 (Fuente: Dirección de Presupuesto) y número de denuncias por robos y hurtos a Carabineros de Chile (Fuente: "Anuario de Estadísticas Criminales". Año 2002. Fundación Paz Ciudadana.)
"El sofisma de los delitos menores".
También señalan que "La Concertación constantemente ha impulsado mecanismos que permitan, legalmente, hacer la "vista gorda" frente a delitos que llama "menores". La razón esgrimida sería desatochar los tribunales del crimen. Pero la realidad es que estos supuestos delitos menores incluyen a la gran mayoría de los lanzazos, hurtos cometidos al interior de viviendas y otros que son los que dan origen a los delitos más graves.
Cuando el delincuente que está cometiendo un hurto o un lanzazo (delitos "leves" según la Concertación), se encuentra con la víctima o con alguna resistencia de ésta, se produce un delito grave, con consecuencia de lesiones, uso de armas de fuego e incluso el homicidio de las víctimas.
Es una aberración darle a los delincuentes la señal de que cometer esos delitos leves puede quedar impune. Con ello se estimula que se cometan en mayor cantidad. Ese es exáctamente el fenómeno que estamos viviendo", aseguran.
Agregan que "estos llamados "delitos menores", son los primeros peldaños de una escalada a delitos cada vez más violentos, la puerta de entrada a la delincuencia de muchos jóvenes que, al no ver sanción en ellos, se internan cada vez más en la delincuencia".
Derogación de pena de muerte
Luego recuerdan que el 5 de junio de 2001, se publicó la ley 19.734 que derogó la pena de muerte. Y que en mayo del 2001 el Presidente Lagos anuncia al país el programa "Comuna Segura Compromiso Cien".
Asimismo, se crean los "Comités Regionales de Seguridad Ciudadana", encabezados por los Intendentes de cada región.
El 31 de octubre de 2001 -añaden- "el Presidente Ricardo Lagos anunció "Las 20 medidas de Justicia y Seguridad Ciudadana", siguiendo la larga tradición de anuncios de paquetes de medidas".
Afirman que "gracias a la ampliación de la libertad provisional los delincuentes gozan hoy de garantizada libertad. La Fundación Paz Ciudadana señala que el 32% de los detenidos por robos y hurtos recuperan su libertad en menos de un mes, y que el 40% de ellos la recupera entre uno y seis meses. Es decir, más del 70% de los detenidos por robos y hurtos en nuestro país quedan en libertad en menos de 6 meses". Y que los delincuentes son cada vez más jóvenes. "Más del 50% de los delitos son cometidos por jóvenes y en estos 13 años, a pesar de innumerables promesas, aún no son capaces de organizar y perfeccionar la situación de la justicia Penal Juvenil que atienda los graves casos de delitos cometidos por jóvenes entre 14 y 18 años, un 90% de los cuáles queda hoy en la impunidad".
Como "resumen de la obra de la Concertación" afirman que se han producido cuatro millones asaltos (robos, robos por sorpresa, con intimidación, con homicidio, hurtos en casas y comercios, etc.)".
"Estamos viviendo los efectos del programa "garantista" de la Concertación, de la interminable secuencia de rebaja de penas, ampliación de derechos de delincuentes, indulto de homicidas, ampliación de libertad provisional, eliminación de facultades policiales, indulto de violadores, término de la detención por sospecha, eliminación de la pena de muerte, indulto de narcotraficantes, etc. Estamos viviendo el efecto de las "garantías" que la Concertación se propuso crear y que son celebradas por los delincuentes y cuyo precio lo pagan los chilenos cada día", concluyen.
