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SANTIAGO.- Cuatro de los cinco empresarios micreros que fueron condenados por el paro de la locomoción colectiva efectuado el 12 y 13 de agosto de 2002 apelaron a la resolución que esta mañana les fue notificada por el ministro de fuero Raúl Rocha.
Sólo Demetrio Marinakis, ex presidente de la Asociación Gremial Metropolitana de Transporte de Pasajeros y actual tesorero de la organización, descartó apelar a la condena.
El magistrado sentenció ayer a tres años y un día de presidio remitido a Manuel Navarrete, Demetrio Marinakis, Marcel Antoine, Armando Huerta y Orlando Panza, requeridos por la Ley de Seguridad del Estado.
Debido a su irreprochable conducta anterior, la resolución dictada por el juez Rocha no implica una pena aflictiva ni la reclusión de los imputados, lo que significa que éstos sólo deberán firmar mensualmente en tribunales.
De hecho el fallo explicita que "dado el mérito de los antecedentes personales de los requeridos y la sanción privativa de libertad impuesta, las condiciones exigidas por el artículo 4 y 5 de la ley 18.216 para otorgar el beneficio de la remisión condicional de la pena, se accede a lo solicitado al respecto por sus defensas y se le otorga a los mencionados acusados dicho beneficio alternativo, debiendo cada uno de ellos cumplir con el plazo de observación de tres años y permanecer sujeto al control administrativo y de asistencia de la sección correspondiente de Gendarmería de Chile".
La paralización organizada por el Consejo Superior del Transporte Terrestre generó trastornos en amplios sectores de la capital, a raíz de la ocupación de nudos viales de alta demanda.
Entre otros puntos, el fallo sostiene que "...a consecuencia de los hechos materia del requerimiento sub litis, el personal de dicha unidad (SAMU de la Posta Central) sufrió 'trastornos graves' al no poder llegar a los diferentes lugares requeridos en razón de las múltiples urgencias y que personal de turno de noche no pudo abandonar sus funciones por no poder efectuarse el respectivo relevo al no llegar los del turno de día".
Durante el proceso se indicó que las máquinas empleadas en el paro produjeron la interrupción del "funcionamiento de los servicios públicos o de utilidad pública, industriales, comerciales, de transporte o de distribución, impidiéndose el libre acceso a dichas instalaciones".
El ministro del Interior José Miguel Insulza sostuvo esta mañana que el Gobierno está plenamente satisfecho con la decisión del ministro Rocha, y que por lo tanto el Ejecutivo no apelará.
Manuel Navarrete, uno de los dirigentes condenados manifestó el deseo de los dirigentes de conversar con el Gobierno en las próximas horas con el fin de poner fin al requerimiento.
Armando Huerta, en tanto, reiteró que la manifestación por la que fueron condenados "fue un paro como todos los paros que se han hecho en este país. Nunca nosotros dimos órdenes ni acuerdos de bloquear las calles".
