SANTIAGO.- El Gobierno debió aplazar el trámite legislativo de los proyectos de ley sobre derechos humanos a raíz del categórico rechazo expresado por los abogados de las víctimas en estas causas.
Según los letrados, el texto elaborado por el Ejecutivo vulnera los objetivos de verdad y justicia, pues deja la puerta abierta a la impunidad de autores de crímenes de lesa humanidad.
El aplazamiento de la tramitación legislativa de la iniciativa fue confirmado hoy por los abogados Héctor Salazar, Nelson Caucoto y Pamela Pereira, del equipo jurídico de la Fundación Social de Ayuda de las Iglesias Cristianas, tras reunirse con el ministro del Interior, José Miguel Insulza.
La propuesta de derechos humanos del Ejecutivo pretende acelerar procesos y buscar las vías para que se conozca la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar.
Con este objetivo el Gobierno propuso un conjunto de proyectos de ley que se refieren a mejoras en los procedimientos para acelerar los juicios, reparaciones a las víctimas y sus familiares y rebaja de penas a quienes entreguen información sobre estos casos.
Las principales objeciones de los abogados, que llevan la mayor parte de estos juicios, se refieren a la vigencia de la ley de amnistía de 1978 y a la exención de responsabilidad penal para quienes revelen datos valiosos en los casos de derechos humanos.
"El objetivo irrenunciable de verdad y justicia que el mismo Presidente de la República formula en su mensaje queda absolutamente cuestionado y desdicho con la afirmación de que la amnistía tiene que aplicarse", dijo el abogado Héctor Salazar.
El querellante en varias causas de derechos humanos precisó que en el mensaje presidencial a los proyectos el Ejecutivo "se acepta que la amnistía debe aplicarse y los tribunales sólo determinarán la oportunidad en que lo hacen. Eso es extremadamente grave", subrayó.
Los abogados también consideran que las rebajas de penas a personas que participaron en delitos de este tipo, tal como están tipificadas en el proyecto, significan impunidad.
La propuesta del Ejecutivo plantea inmunidad para ex uniformados que colaboren con la justicia o que hayan actuado como subordinados en los crímenes perpetrados durante el régimen militar, lo que fue rechazado por los organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas.
Salazar destacó que el nuevo proyecto, al menos, elimina la figura de inmunidad judicial que establecía la propuesta original para todos los informantes.
Sin embargo, indicó que se mantiene "que si una persona se autodenuncia, hoy eso no puede ser utilizado en su contra".
A su juicio, pese a que los proyectos pueden permitir avanzar en la reparación, la posibilidad de fortalecer la amnistía y la nueva figura de autodenunciante pueden echar por tierra el sentido de la propuesta.
Los abogados, que presentaron todos sus reparos ante Insulza, se reunirán nuevamente con el ministro del Interior en los próximos días para afinar los cambios a los proyectos.
