SANTIAGO.- El Gobierno presentó hoy un proyecto de ley que sanciona el porte de armas blancas, recogiendo una iniciativa que en octubre de 2001 propuso el diputado por Punta Arenas, Pedro Muñoz.
La medida estipula un castigo de hasta 540 días de reclusión para quienes porten armas blancas en circunstancias de especial riesgo para la comunidad, como son restoranes, bares, plazas y parques, cuando el juez determine que se pretendía su uso para cometer delitos.
Asimismo, se establecen agravantes para su uso en cualquier tipo de ilícitos y una sanción especial en el caso de hurtos y robos.
El mensaje del Ejecutivo constituye una de las primeras medidas adoptadas por el Comité Interministerial de Seguridad Ciudadana que coordina el Ministro del Interior, José Miguel Insulza.
El diputado Muñoz valoró el respaldo del Gobierno a su propuesta, afirmando que "se trata de una respuesta concreta a la inquietud de la población por los delitos cometidos con este tipo de elementos, los que resultan tanto o más habituales y peligrosos que las armas de fuego y que, sin embargo, no se encuentran sancionados en nuestra legislación".
El parlamentario se mostró confiado en un rápido trámite parlamentario del proyecto, porque "se trata de un texto simple y, asimismo, la idea de legislar sobre este tema ya estaba siendo abordada en el proyecto de modificación a la ley de control de armas y explosivos y había generado importante consenso entre los legisladores".
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, diputado Jorge Burgos, manifestó su satisfacción por el ingreso de dos mensajes del Ejecutivo que recogen, en gran parte, las mociones presentadas por varios diputados y senadores en orden a penalizar el porte de armas blancas en lugares públicos; y, por otra parte, aumentar las facultades de las policías para el control de identidad.
Según cifras que maneja la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, en el año 2002, en los delitos de mayor connotación social, un 4,6% contempló el uso de arma blanca.
