SANTIAGO.- El Gobierno propuso hoy otorgar un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas originarios, para garantizar mayores derechos y autonomía a una población estimada en un millón de personas.
La propuesta emanó de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que sesionó por cerca de tres años con representantes de las distintas etnias originarias del país y entregó este martes sus conclusiones al Presidente Ricardo Lagos.
"Éste es un punto de partida para comprender la historia y enfrentar las tareas que nos demanda nuestra convivencia nacional", dijo Lagos al recibir el contundente informe de cinco tomos y agregó que "no pretendemos que este informe sea una verdad oficial, ya que algunos les parecen mejores y otros peor".
En tanto, la representante de Organizaciones Políticas Indígenas, Sandra Berna, agregó que el documento es "un avance respecto al esclarecimiento de lo que aconteció en la historia de este país, entre los nuestros y los poderes dominantes, ya que se reconoce a nuestros pueblos sufriendo despojos de tierras, territorios y recursos".
Por su parte, el líder del Consejo de Todas las Tierras, que agrupa a la mayoría de las comunidades mapuches chilenas, el "werkén" Aucán Huilcamán, descalificó el informe por "colonialista".
"Si tuviera que usar un lenguaje para calificar el informe diría que es un informe claramente colonialista, es un informe asimilacionista y por lo tanto no podemos aceptarlo", dijo el dirigente mapuche.
El texto omitió el tema de la responsabilidad institucional en la usurpación de tierras ancestrales y el tema de la libre determinación de los pueblos, explicó.
El documento presenta nuevas visiones históricas sobre la relación entre los pueblos indígenas de Chile y el Estado, y sobre esa base determina propuestas y recomendaciones de nuevas políticas de Estado.
La comisión, que fue encabezada por el ex Presidente Patricio Aylwin (1990-1994), propuso el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, lo que implica declarar su existencia, reconocer su descendencia de sociedades precolombinas y establecer como deber del Estado garantizar la diversidad étnica cultural.
También propone otorgar mayores derechos políticos a las comunidades, para que puedan elegir sus propios representantes en el Parlamento y participar en gobiernos comunales y en todas las leyes que afecten sus culturas, territorios, instituciones o recursos.
La comisión plantea además entregar mayores derechos territoriales a los indígenas reconociendo la existencia de una relación especial de los pueblos originarios con la tierra y el agua, y sugiere el traspaso de aquellos terrenos en que se demuestre propiedad ancestral indígena.
Los mapuches manifiestan a menudo su desacuerdo con el Estado, al que acusan de aplicar "políticas genocidas" y de no contribuir a la recuperación de territorios ancestrales, que consideran "usurpados" por particulares.
La pugna por la recuperación de estas tierras, la mayoría en manos de empresas forestales, mantiene un foco de tensión constante en la Región de la Araucanía, donde cada cierto tiempo se registran violentos enfrentamientos con la policía.
En materia de verdad histórica, la comisión concluyó que "existieron dos procesos en la conformación del Estado Nación chileno con grandes impactos en los pueblos indígenas".
Uno de ellos fue "la negación de la identidad y existencia de los pueblos indígenas en favor de la formación de una identidad nacional única". El otro fue "la apropiación de su territorio en favor de la consolidación del territorio nacional", explicó.
Tomando todos estos elementos, Lagos se comprometió a anunciar en los próximos 20 días una serie de políticas públicas para entregar mayores derechos políticos, territoriales y sectoriales a las comunidades indígenas, que en la actualidad representan un 6,6 por ciento de la población total de Chile, de 15 millones de habitantes.
