RANCAGUA.- El ministro en visita Carlos Aránguiz, quien investiga el caso Coimas, presentó las acusaciones formales en contra de las nueve personas imputadas durante la investigación, entre las que se encuentra el ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini y cuatro diputados de la Concertación.
Con la medida, el magistrado dio inicio a la etapa judicial conocida como plenario, en la que los abogados defensores de los imputados cuentan con 15 días para responder a las acusaciones y luego presentar pruebas a favor de sus clientes. Tras este período el magistrado deberá resolver sobre las condenas.
Aránguiz decidió acusar al ex subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini, como autor de dos delitos de cohecho; y a Alejandro Chaparro, ex asesor del biministro de Obras Públicas y Transportes Carlos Cruz, como autor de un delito de cohecho.
Asimismo a Eric Leyton, ex jefe de finanzas de citado ministerio, lo sindicó como encubridor de cohecho, y al empresario plantero Carlos Fillipi como autor de tres delitos de soborno.
El empresario Gabriel Álamo, en tanto, fue acusado como coautor de soborno, al igual que Iván Sánchez.
El desaforado diputado ex DC Cristián Pareto, fue sindicado por Aránguiz como autor de cohecho, mientras que su par, el también desaforado Jaime Jiménez como coautor del mismo delito.
El diputado PPD Víctor Manuel Rebolledo, en tanto, fue acusado como coautor de soborno.
El juez Aránguiz investiga la red mediante la cual se otorgaron permisos irregulares de funcionamiento para plantas de revisión técnica en la Sexta Región.
En el autoacusatorio dictado hoy, el ministro describe que entre el mes de diciembre del año 2000 y primeros días de enero del año 2001, el empresario Carlos Filippi, y su socio Gabriel Álamo estaban interesados en obtener la autorización de ampliar la concesión de una planta, y para ello tomaron contacto con Víctor Manuel Rebolledo González, abogado y ex Ministro de Estado, "reconocido "lobbista" en el Ministerio de Transportes.
Según el texto, Rebolledo "intercedió para que, previo pago de la suma de quince millones de pesos al entonces Subsecretario del ramo, reconocido como máxima autoridad en un ministerio cuyo Ministro compartía dos carteras y atendía más bien la de Obras Públicas — y más la suma de dos millones mensuales directamente para él—, obtuvieran aquello que les interesaba, pago que, con el mismo objeto, fue ratificado y exigido por otro funcionario público a quien públicamente se tenía como jefe de gabinete del biministro en esa cartera y que éste mismo cobró con el concurso de un camarada también funcionario público, por solicitud del citado Rebolledo y con la participación del empresario Álamo ya referido".
A juicio del magistrado, los hechos son constitutivos de un delito de cohecho respecto de cada uno de los funcionarios públicos que aceptaron infringir al deber de sus respectivos cargos para ejercer influencia en otro, a fin de obtener la decisión de autorizar la ampliación de la concesión antedicha que generaba provecho para los empresarios nombrados.
El ilícito se encuentra previsto en el artículo 248 bis inciso 2° del Código Penal y sancionado con la pena de inhabilitación especial o absoluta para cargo u oficio público perpetuas, y además, con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y una multa del tanto al duplo del provecho solicitado o aceptado.
