SANTIAGO.- Este jueves comenzará a funcionar la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, con el objetivo de determinar y elaborar un informe detallado "de acuerdo a los antecedentes aportados por los interesados" sobre quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y/o torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, entre 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
La comisión deberá entregar al Presidente de la República, Ricardo Lagos, las condiciones, características, formas y modos de las medidas de reparación austeras y simbólicas que podrán otorgarse a las personas reconocidas como prisioneros políticos y/o torturados.
La iniciativa se creó como una forma de contribuir a la reconciliación nacional, al esclarecimiento de la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en Chile y al reconocimiento de sus víctimas.
La entidad tiene seis meses para desarrollar este cometido presidencial, el cual sólo podrá ser prorrogado fundadamente, una sola vez y por tres meses, si fuera extremadamente necesario para el cumplimiento de sus funciones.
Terminado el informe final y entregado al Presidente Lagos, esta entidad queda automáticamente disuelta.
La Comisión está presidida por Monseñor Sergio Valech, siendo su vicepresidenta ejecutiva María Luisa Sepúlveda. Junto a ellos la integran: Miguel Luis Amunátegui, Luciano Fouillioux, José Antonio Gómez, Elizabeth Lira, Lucas Sierra y Alvaro Varela.
El ministerio del Interior otorgará apoyo técnico y administrativo para el desarrollo de las funciones.
