BUENOS AIRES.- Eduardo Moliné O’Connor, ex directivo de la Confederación Sudamericana de Tenis, se convirtió hoy en el primer juez de la Corte Suprema de Argentina en ser destituido por el mecanismo constitucional de juicio político.
El Senado, que actúa como tribunal de enjuiciamiento, logró en dos de los nueve cargos que se le imputaron 45 votos de los 64 legisladores presentes para destituir al magistrado por mal desempeño en sus funciones.
Pese a la transparencia que proclaman los senadores, la resolución se adoptó en una sesión a puerta cerrada y los argumentos expuestos en el debate fueron asentados en un libro de actas que se guardara con el rótulo de secreto por 50 años.
La Cámara de Diputados, que oficia como parte acusadora, le imputó a Moliné O’Connor nueve casos de mal desempeño y presunta comisión de delitos, pero en el Senado logró superar los dos tercios de los votos para su sentencia en sólo dos de esos cargos.
Los diputados le achacaron al ahora ex juez supremo haber favorecido a una empresa proveedora del Estado que reclamaba un pago millonario por un contrato que había sido impugnado por organismos de control de los gastos gubernamentales.
También le acusaron de interferir deliberadamente en causas por presunta evasión fiscal y contrabando de automóviles al imponer sanciones -facultad que le está vedada- a dos jueces de primera instancia que investigaban esos casos.
Esas imputaciones sirvieron para que la Cámara Alta resolviera, el pasado 9 de octubre por 40 votos a favor y 18 en contra, suspenderle en el ejercicio de sus funciones mientras se sustanciaba el proceso de enjuiciamiento parlamentario.
Desde 1863, cuando se constituyó la primera Corte Suprema de Justicia del país, ningún magistrado del máximo tribunal había llegado a la instancia de ser sometido a un enjuiciamiento parlamentario con fines de destitución.
En estos 140 años las renovaciones del máximo tribunal se produjeron por fallecimientos, renuncias o bien por el forzado retiro de sus jueces que impusieron las dictaduras militares que imperaron en Argentina durante parte del siglo pasado.
Moliné O’Connor asumió el 6 de agosto de 1990 como juez supremo, después de que el entonces presidente del país, Carlos Menem, aprovechara la mayoría parlamentaria de su partido, el peronista, para ampliar por ley de 5 a 9 el número de miembros del tribunal.
Las designaciones de esos nuevos jueces supremos, con lo que se formó así una "mayoría automática" en el máximo tribunal afín a las políticas del Gobierno, fueron aprobadas por el Senado en una sesión, también a puerta cerrada, de sólo seis minutos.
Jorge Bacqué fue el único de los miembros de la Corte Suprema que reaccionó ante esa modificación numérica, ya que presentó su renuncia al cargo con el argumento de que el Gobierno avasallaba la independencia del Poder Judicial.
Moliné O’Connor no ocultó que debía su nombramiento a uno de sus cuñados, el abogado Hugo Anzorreguy, quien en los últimos ocho años de la presidencia de Menem (1989-1999) estuvo al frente de la SIDE, el servicio de inteligencia argentino.
Una de sus primeras acciones en el máximo tribunal fue reactivar un caso que litigaba Manuel Aráuz Castex, su ex socio, por el cual el Estado tuvo que pagar en 1991 unos 10.000.000 de dólares por un predio que había sido expropiado medio siglo atrás.
En el currículum de Moliné O’Connor, de tres páginas distribuido por la Corte, destacan su cargos en asociaciones profesionales de tenis y que escribió un libro sobre derecho comercial junto con el especialista Angel Vergara del Carril.
A poco de asumir la presidencia de Argentina, el pasado 25 de mayo, Néstor Kirchner embistió en su primer mensaje por la red nacional de radio y televisión contra la Corte Suprema, una de las instituciones más desprestigiadas del país.
El Parlamento se hizo eco de inmediato del reclamo presidencial y comenzó a recolectar pruebas para iniciar juicio político por separado a cada uno de los jueces supremos más cuestionados, los que habían asumido durante el Gobierno de Menem.
La primera acusación, por los mismos cargos que ahora sirvieron para destituir a Moliné O’Connor, fue contra el presidente del tribunal, Julio Nazareno, quien renunció en junio pasado cuando los diputados aprobaron someterle a juicio político.
El supremo Adolfo Vázquez, quien se ufanó en el momento de su designación de ser "gran amigo" de Menem, también está sometido a juicio político y se calcula que en febrero próximo los diputados formalizarán la acusación ante el Senado.
La arremetida de Kirchner para renovar la Corte Suprema forzó también la renuncia, aceptada el pasado lunes, de Guillermo López y la anunciada dimisión para marzo próximo de Carlos Fayt, quien a los 85 años consideró que ha llegado la hora de jubilarse.
