VALPARAÍSO.- Una acusación constitucional en contra del intendente subrogante de la Quinta Región, Iván de la Maza, presentará en las próximas horas la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), a raíz del vertimiento de aguas servidas a la bahía de Valparaíso.
La acción legal fue anunciada por los parlamentarios Gonzalo Ibáñez, Mario Varela y Gonzalo Uriarte, quienes indicaron que la acusación se basa en la negligente actuación del personero de Gobierno y en el impacto ambiental que dicha actuación pudiera ocasionar en la salud de la población.
"El que ahora se estén produciendo los hechos por todos conocidos no hace más que dejar al descubierto un desatino, una imprudencia y una negligencia por parte del intendente subrogante, Iván de la Maza. Esto no fue una falla de un funcionario menor, o una distracción, sino que fue un acto premeditado, ante lo cual creemos que esta situación no sólo amerita un recurso de protección, sino que la presentación de una acusación constitucional", señaló Gonzalo Ibáñez.
El diputado Mario Varela, en tanto, afirmó que "la gravedad de lo sucedido nos ha hecho consultar con nuestros abogados respecto de la procedencia de la acusación constitucional, la que estará dirigida contra todos quienes tengan responsabilidad en lo ocurrido".
Al respecto, agregó que "el intendente está subrogando con la presencia del intendente titular en la ciudad de Boston, es decir, con la autorización del Ministro del Interior. Por lo tanto, aquí existe un decreto y hay titularidad en la subrogación respecto de las acciones que De la Maza emprende como intendente".
Varela dijo además que se tiene información de que la Gobernación Marítima habría advertido a la intendencia respecto del peligro existente por no haberse terminado las obras del cabezal sur y no saber donde evacuar estas aguas.
"Aquí estamos ante un derrame deliberado y las autoridades tienen la obligación de velar por un medio ambiente libre de contaminación, como lo señala el artículo 19,N° 8 de la Constitución Política del Estado. Estas disposiciones no sólo no se cumplieron, sino que además se afectó con este derrame gravemente la salud de la población. Es decir, hicieron exactamente lo inverso a lo que están llamados a hacer como autoridades".
Uriarte afirmó que "analizarán las responsabilidades que al respecto además tiene el Ministerio de Obras Públicas, respecto de la supervisión de los trabajos que no han sido terminados y que deberían ser materia de multas que no fueron aplicadas".