SANTIAGO.- La ministra en visita Gabriela Pérez, que investiga la presunta extorsión contra el juez Daniel Calvo, decidió procesar al director ejecutivo y a los jefes de prensa de Chilevisión por el delito de grabación de imágenes en un recinto privado sin autorización, tomas que se utilizaron en un reportaje que denunciaba aspectos de la vida privada del magistrado.
El jefe de prensa del canal, Alejandro Guillier, quedó detenido en el Anexo Cárcel Capuchinos, luego de que la ministra le concediera la libertad provisional bajo fianza previa consulta a la Corte de Apelaciones, la que podría decidir mañana o el sábado próximo.
Si el tribunal de alzada capitalino falla en favor de Guillier, éste deberá pagar una fianza de $120 mil para recobrar la libertad.
También fueron procesados el director ejecutivo del canal, Jaime de Aguirre, el periodista Fernando Reyes, el productor Raúl Poblete, y el subdirector del área de prensa Patricio Caldichoury. Todos ellos quedaron en libertad bajo fianza, previo pago de $100 mil.
Guillier se refirió brevemente a su detención una vez que salía desde el Palacio de los Tribunales. Dijo estar muy tranquilo y se mostró confiado en "dar vuelta" la situación que lo afecta. Incluso aseguró que se referiría al tema el domingo en su programa "Tolerancia Cero".
La jueza Gabriela Pérez, que fue designada por el Pleno para investigar la posible extorsión contra el juez Calvo, también procesó al administrador del sauna gay Sebastián Rodríguez, quien reveló al canal la situación del magistrado.
La decisión de la ministra Pérez se basó en el artículo 161-A del Código Penal que contempla "la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) al que, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado; sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado; o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público".
En el proceso contra Guillier, único de los procesados al que le fue concedida la libertad con consulta, se añadió además el segundo inciso del citado artículo que estipula que se aplicará igual pena "a quien difunda las conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y hechos a que se refiere el 161-A. En caso de ser una misma la persona que los haya obtenido y divulgado, se aplicarán a ésta las penas de reclusión menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 Unidades Tributarias Mensuales".
Los hechos
El 5 de noviembre pasado Chilevisión emitió una grabación oculta de una conversación en el despacho del juez Daniel Calvo, quien en esos momentos investigaba el caso Spiniak.
Además, la estación televisiva dio a conocer una conversación telefónica del entonces magistrado grabada con el mismo procedimiento. Ambas acciones están tipificadas como delito dentro de la legislación.
El mismo 5 de noviembre, horas antes de que se exhibiera el reportaje, el juez Daniel Calvo leyó una declaración pública en que, según sus palabras, era víctima de "intento de extorsión encubierta" y puso su cargo a disposición de sus superiores, vale decir los ministros de la Corte Suprema.
Esa mañana Guillier y el periodista Fernando Reyes se reunieron con Calvo en dependencias del palacio de tribunales, en donde le comunicaron que emitirían un reportaje que daba a conocer asuntos de su vida privada, hechos que el magistrado reconoció en su declaración, admitiendo que había asistido a un “recinto sauna”.
