SANTIAGO.- Autoridades provinciales del puerto de Arica se comprometieron hoy a dar todas las seguridades para que desde mañana se retomen las actividades en esa terminal marítima, paralizada por una huelga de cargadores desde el lunes pasado.
Hasta ayer, las cuentas oficiales de pérdidas por la paralización indefinida que llevan adelante los empleados de la Empresa Portuaria de Arica (Empora), se elevaban a 77 millones de pesos (unos 126.000 dólares).
Los trabajadores exigen que el gobierno les garantice una red de protección social, como indemnizaciones, en vistas al proceso de licitación a que será sometido dicho puerto. Las autoridades no han accedido en su totalidad al petitorio y, en estos días, los funcionarios han levantado barricadas y cerrado las oficinas.
Autoridades de Arica se reunieron esta tarde con ejecutivos de las empresas navieras y portuarias de Arica, para evaluar la situación.
El secretario regional ministerial (Seremi) de Arica, Rigoberto Sánchez, indicó a la Radio Biobío que tras la cita, el gobierno se comprometió a adoptar todas las medidas de seguridad para que desde mañana el puerto funcione con normalidad.
Sin embargo, dirigentes portuarios anunciaron que seguirán con la huelga y, ante rumores de que las tareas recomenzarán con personal externo, manifestaron que eso sería una "ilegalidad".
La falta de personal administrativo y la ausencia de los cargadores ha dejado sin atención a por lo menos 200 camiones que llevaban carga en tránsito desde y hacia Bolivia, nación que hace un intenso uso de ese puerto.
Este sábado, el gobierno boliviano anticipó que recurrirá a la Organización de Estados Americanos (OEA) si de aquí al lunes no se soluciona la huelga, ya que -argumentó- perjudica sus exportaciones.
El país vecino se siente afectado en su derecho al libre tránsito que le garantiza el Tratado de 1904 entre ambos países, después de la Guerra del Pacífico (1879-83) que dejó sin litoral al país altiplánico.
Próximamente, los vicecancilleres de Bolivia, Jorge Gumucio, y de Chile, Cristián Barros, se reunirán para analizar la licitación de Arica. La Paz teme que la privatización de ese puerto afecte sus derechos de tránsito ya consagrados.
