ARICA. Comenzó hoy el juicio oral en Chile en contra de un empresario español de origen vasco acusado de financiar una operación de contrabando de 70 kilos de cocaína, caso en el que el fiscal ha denunciado amenazas, informaron fuentes judiciales.
El juicio, con un dispositivo especial de seguridad, comenzó hoy, lunes, en Arica, a 2.050 kilómetros al norte de Santiago.
Mickel Inunciaga permanece detenido desde diciembre pasado en el Complejo Penitenciario de Arica acusado de haber financiado el cargamento de droga, que fue introducido a Chile desde Perú y que fue aprehendido por la policía el 3 de diciembre pasado.
La Fiscalía pide una condena de 10 años para Inunciaga por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.
En este caso también están procesados los chilenos Patricio Martínez Vargas, conductor de la camioneta en que se transportó la droga, el mecánico Luis Aceituno y José González, socio de Inunciaga en su empresa maderera.
El ciudadano español y los otros tres imputados llegaron al tribunal acompañados por policías de Carabineros y de Gendarmería.
En este juicio declararán alrededor de 50 personas entre testigos y peritos y se presentarán 141 documentos, dijeron las fuentes judiciales.
El alijo de cocaína entró en Chile oculto en una camioneta, cuyo chófer fue detenido por la policía, tras lo cual, según la acusación, aceptó realizar una entrega vigilada en Santiago al empresario maderero de la Unión.
Este resultó ser José Antonio González, socio de Inunciaga, quien condujo finalmente a la policía hasta el ciudadano español, que fue detenido en un hotel de Santiago una hora antes de que viajara a España.
La investigación, según la policía, descubrió que Inunciaga dirigió durante 2003 una organización internacional que aportó capital para adquirir droga en Perú, que pasaba por Chile y estaba destinada presumiblemente a Europa.
El fiscal jefe de Arica, Jorge Valladares, declaró este lunes al vespertino "La Segunda" que en este caso no sólo se llegó al destinatario de la droga sino que también al financiero de la operación.
"Por lo menos nuestra tesis es que evidentemente esta droga era financiada y se pretendía transportarla hacia España por parte de Inunciaga y ése es un eslabón al que normalmente es difícil llegar", subrayó el Fiscal.
En septiembre pasado el fiscal encargado inicialmente del caso, Heriberto Reyes, en declaraciones a un matutino chileno aseguró que había recibido en su teléfono mensajes de un hombre que le advirtió qde ue si Inunciaga era condenado lo matarían "de una manera bastante particular".
Agregó que los otros detenidos señalaron que el empresario español de origen vasco tiene familiares vinculados con el entorno de la banda terrorista ETA y que esa información fue enviada a España, donde un fiscal - cuyo nombre no especificó - indaga la veracidad de tales afirmaciones.
El abogado defensor de Inunciaga, Arturo Sanhueza, en recientes declaraciones expresó su confianza en que podrá demostrar la total inocencia de su defendido, que desde hace diez años realiza negocios forestales en el sur de Chile y tiene un patrimonio superior a 20 millones de dólares, según dijo.
Según el letrado, Inunciaga posee en la localidad vasca de Durango, cerca de Bilbao, un aserradero para procesar maderas finas que importa desde Chile, Bolivia y Perú y que después vende en países europeos.
El destino del ciudadano español está en manos de los jueces María Quiroz Fuenzalida, Jorge Quiñones Garat y Héctor Gutiérrez Massardo, que integran el tribunal de juicio oral en lo penal de Arica, donde se ventila el juicio que se espera se prologue al menos una semana.
