SANTIAGO.- El lunes 14 de febrero, a las 16:00 horas, en el registro civil de Las Condes, Marcelino Biondi, de 46 años, y Magali Rojas, de 21 años, ambos con discapacidad mental leve, podrán contraer matrimonio, debido a que el Servicio Médico Legal emitió un informe sobre la compatibilidad de sus capacidades intelectuales para casarse.
Así, la pareja concretará su anhelo luego de esperar un año, ya que en febrero del 2004 el Oficial del Registro Civil de Las Condes se negó a celebrar la ceremonia ante la discapacidad de los contrayentes.
La funcionaria se basó, entre otras normativas, en el artículo 5 de la Ley Nø 19.947 la cual establece que: "no podrán contraer matrimonio los que se hallaren privados del uso de razón; y los que por un trastorno o anomalía psíquica fehacientemente diagnosticada, sean incapaces de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio; los que carecieren de suficiente juicio o discernimiento para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio".
Pablo Paredes, abogado de la oficina Albagli, Zaliasnik y Cía, a petición de la Fundación Nacional de Discapacitados y de la Fundación Pro Bono, tomó el caso presentando una denuncia por discriminación ante el Duodécimo Juzgado Civil de Santiago.
Esta se basó en que Marcelino, quien convive con su pareja, trabaja, manteniéndose ambos con sus ingresos e, incluso, ahorra para postular al subsidio habitacional.
Además la defensa manifestó que la apariencia o forma conductual retraída o nerviosa no justifica juicios asociados a presunción grave de impedimento, toda vez que el impedimento legal vigente es la demencia.
Y es que la demencia, como tal, importa una patología específica, la que no debe confundirse con la discapacidad mental o intelectual que guarda relación con otra naturaleza de disfunciones relativas al desarrollo intelectual anormal o retardo específicos.
La Fundación Pro Bono es una organización sin fines de lucro que busca comprometer a los abogados con la práctica del trabajo en beneficio de la comunidad. Para esto la Fundación invita a abogados a prestar servicios legales voluntarios en beneficio de personas de escasos recursos.
También promueve la participación de estos profesionales en el debate público sobre temas de interés social. Para desarrollar su trabajo, la Fundación cuenta con redes de oficinas de abogados y abogados individuales en Santiago y Concepción. Además, coordina el trabajo de la Red de Abogados Voluntarios del Colegio de Abogados de Chile A.G.
