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Suprema afirma que no hubo discriminación en caso jueza Atala

El máximo tribunal elaboró un texto para la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde asegura que existió un debido proceso en torno al caso.

11 de Mayo de 2005 | 12:22 | Carolina Valenzuela, El Mercurio en Internet
SANTIAGO.- El Pleno de la Corte Suprema elaboró hoy un informe en el que asevera que no hubo discriminación en el juicio que quitó a la jueza de garantía de Los Andes, Karen Atala, la tuición de sus tres hijas debido a que por su condición de lesbiana no les aseguraba un ambiente familiar normal.

El máximo tribunal analizó el tema en un pleno extraordinario esta mañana con el fin de responder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego que la magistrado demandara al Estados acusando de haber sido discriminada por su condición sexual.

El organismo internacional pidió al Estado chileno un informe en el que se justifique la determinación que adoptó la Cuarta Sala de la Corte Suprema de otorgarle la tuición de las tres menores al padre de éstas.

El texto elaborado esta mañana, que no se ha hecho público, sostiene en síntesis que sí existió un debido proceso en torno al caso y que no hubo discriminación.

El informe deberá ser enviado a la Cancillería para ésta a su vez la remita a la CIDH.

El caso

La jueza Atala decidió demandar al Estado ante la CIDH en noviembre de 2004, luego que en mayo de ese año, la Cuarta Sala de la Corte Suprema le quitara la tuición de sus hijas, revirtiendo dos fallos judiciales anteriores que habían sido favorables a la magistrado.

El documento presentado por Atala en Washington sostiene que sus derechos fueron quebrantados por los "graves perjuicios y daños morales", tras la decisión del máximo tribunal.

En su fallo del 31 de mayo, al Suprema estableció que la convivencia con pareja homosexual pone en riesgo "el bienestar psíquico y emocional de las hijas", su desarrollo integral ante una "eventual confusión de roles sexuales", y que las niñas "podrían ser objeto de discriminación".

Sin embargo, la demanda de la jueza establece que el Estado violó el artículo 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que Chile ratificó en 1990, que establece que "los Estados se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole...".
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