SANTIAGO.- A través de una declaración pública, Codelco rechazó los cuestionamientos hacia diversas asesorías prestadas por la cuprífera y pidió a la Contraloría General de la República la revisión de los contratos con el fin de establecer si se han ajustado a la normativa legal vigente.
La compañía emitió este comunicado a raíz de la polémica que generó la publicación de "El Mercurio", que este jueves informa que el ministro Secretario General de Gobierno, Osvaldo Puccio, recibió honorarios de parte de la minera estatal cuando se desempeñaba como embajador en Brasil.
Según esos antecedentes, la sociedad Asyan (Asesorías y Análisis Limitada), de propiedad del vocero de La Moneda, y del vicepresidente de Correos, Álvaro Briones, recibió en total $120 millones entre 2000 y 2004 por asesorías que prestó a la empresa estatal sin licitación de por medio.
Al respecto, la compañía cuprífera dijo ser víctima de una "irresponsable campaña de denuncias selectivas, que pretende enlodar la imagen de Codelco y la de empresas y profesionales prestigiosos que le han prestado servicios en los ámbitos de su especialidad, mediante contratos que cumplen con toda la normativa legal aplicable".
El comunicado recalca, además, que en uso de sus facultades y conforme a la normativa vigente, el presidente ejecutivo de Codelco, los gerentes generales y demás ejecutivos por él autorizados, "pueden efectuar la contratación de las asesorías que estimen adecuadas para la buena marcha de la empresa".
Según la declaración, "la gestión de Codelco se mide por sus resultados. Todos los chilenos tienen el derecho de pronunciarse sobre este particular y, para posibilitar este proceso, Codelco entrega incluso mayor información que aquella que normalmente la Superintendencia de Valores y Seguros exige a las sociedades anónimas abiertas. Codelco se ha autoimpuesto, además, restricciones en materia de operaciones con personas relacionadas que van más allá de lo que la ley exige".
Respecto de los contratos celebrados, señala que corresponde a los organismos fiscalizadores o a los tribunales, en su caso, pronunciarse sobre posibles irregularidades. "Si alguien estima con fundamento que se ha incurrido en ilegalidades, corresponde formular la denuncia ante los organismos pertinentes", aclara.
Y añade que "la reputación de una empresa de todos los chilenos es parte de un capital que debemos cuidar. Las denuncias sin fundamento constituyen una irresponsabilidad y una grave falta a la ética".
