SANTIAGO.- Por cuatro votos contra uno, la sala de verano de la Corte Suprema rechazó esta tarde la libertad condicional del ex Presidente peruano Alberto Fujimori, argumentando que constituye un peligro para la sociedad.
En el mismo fallo se rechaza la detención domiciliaria que había solicitado el ex Mandatario, quien enfrenta un proceso de extradición en Chile.
La defensa recurrió al máximo tribunal luego que el martes el ministro Orlando Álvarez denegara las peticiones.
El objetivo de sus abogados era trasladar su encierro a un domicilio particular, para lo cual ya alquilaron una vivienda en la comuna de Las Condes, donde ya viven dos de sus cuatro hijos, Sachi y Hiro.
Abogados del Gobierno peruano satisfechos con el fallo
Jaime Larraechea, uno de los juristas que representa al Gobierno peruano, se manifestó satisfecho por la decisión judicial. "Entendemos que dadas las condiciones (...) evidentemente la fuga es una posibilidad cierta, y por esa razón entendemos que la libertad del señor Fujimori constituye un peligro para la sociedad", declaró.
Mientras el abogado del ex Mandatario, Francisco Velozo, lamentó el fallo y aseguró que es imposible que Fujimori huya, además de recordar que su defendido se entregó voluntariamente a la justicia de Chile a su llegada al país, a finales del año pasado.
En este sentido, el defensor exigió un "trato humanitario y acorde a su calidad de ex dignatario".
El ex Presidente peruano permanece detenido en la Escuela de Gendarmería desde el 7 de noviembre pasado, un día después de su sorpresiva llegada a la capital chilena procedente de Japón.
Allí había vivido desde noviembre de 2000, cuando abandonó Perú en medio de un escándalo de corrupción en las más altas esferas de su régimen, y envió su renuncia vía fax desde Tokio.
Lima ha presentado 12 cargos en su contra, diez de corrupción y dos de violaciones de los derechos humanos. Los casos más emblemáticos se refieren a la matanza de 15 personas, entre ellas un niño, en la zona limeña de Barrios Altos en 1991, el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en 1992, además del pago ilegal de 15 millones de dólares al ex asesor Vladimiro Montesinos como indemnización.
