SANTIAGO.- La ministra en visita del caso MOP, Gloria Ana Chevesich, interrogó esta mañana a los ex funcionarios de la cartera de Obras Públicas, el ex subsecretario Guillermo Pickering y el ex jefe de gabinete de Ricardo Lagos, Matías de la Fuente.
Ambos interrogatorios fueron solicitados por los querellantes de la UDI, Evelyn Matthei y Víctor Pérez, quienes pidieron reabrir el sumario de la arista MOP-Délano tras el testimonio entregado a la magistrada por el ex Presidente Ricardo Lagos.
El primero en prestar declaración en el 17° Juzgado del Crimen de Santiago fue Pickering, quien se retiró al cabo de una hora sin conversar con la prensa. Luego fue el turno de Matías de la Fuente, cuyo abogado, Jorge Bofill, quien explicó que el interrogatorio tenía como fin indagar eventuales conversaciones de su defendido con el entonces ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos Escobar, respecto del sistema de remuneraciones.
"Don Matías de la Fuente tenía dos cargos: uno era la jefatura de la asesoría ministerial y el otro la dirección de planeamiento. En tales cargos sus tareas eran netamente técnicas y aquello que haya podido conversar con cualquier superior, incluido el ministro, eran materias técnicas, nada más. Él no tenía nada que ver con remuneraciones o con recursos humanos en el ministerio", aseguró el profesional.
Al ser consultado sobre la solicitud de los querellantes de la UDI para que la ministra dictara este tipo de diligencias, Bofill no dudó en decir que "lo que hay detrás es una intencionalidad política y, como yo soy abogado y lo que hago es una defensa jurídica, no me voy a meter en este tema".
Matías de la Fuente, primo político de Ricardo Lagos, está procesado por presunto fraude al fisco de 92 millones y falsificación de instrumento público. La jueza rechazó la petición de sobreseimiento y ésta debe ser resuelta por el tribunal de alzada.
Al respecto, Bofill se mostró confiado en que la Corte de Apelaciones dictará el sobreseimiento definitivo de su defendido. Éste fue solicitado por la defensa aludiendo a la prescripción del delito de fraude al fisco y la inocencia de su cliente en la supuesta falsificación de documento público.
