SANTIAGO.- La asistente social María Luisa Sepúlveda -quien fue nominada por la Presidenta Michelle Bachelet para encabezar el programa especial en derecho humanos- informó hoy que su trabajo será coordinar las tareas de diagnóstico que permitan solucionar la crisis originada por el error en la identificación de los restos del Patio 29 del Cementerio General.
Esto debido a que no existía claridad sobre el rol que cumplirá la profesional y si efectuará o no una intervención en el Servicio Médico Legal (SML).
"No soy interventora. Ella me dio dos tareas: ver la situación de los familiares y definir la forma que está a nuestro alcance para que esto tenga los menores costos posibles y coordinar todas las acciones que permitan llevar a buen término el proceso de identificación", señaló Sepúlveda.
"Me ha dicho que está la voluntad política y todos los recursos necesarios para hacer lo que se tiene que hacer", agregó.
Sus palabras fueron ratificas por la Presidenta, quien señaló que Sepúlveda "está haciendo un levantamiento de datos de todo lo relativo al apoyo de los familiares y del Servicio Médico Legal".
Indicó que ella hará "un diagnóstico más detallado de los recursos que se necesitan, porque ya están dadas las líneas centrales".
Sepúlveda dijo además que el plazo para su trabajo va a depender de lo que digan tanto los expertos nacionales como internacionales.
La profesional aclaró que no se pronunciará sobre las responsabilidades políticas del caso, pues para eso está la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
El Gobierno contempla dotar de un presupuesto relevante a la instancia encabezada por Sepúlveda para contratar asesorías a nivel internacional que permitan lograr la mayor cantidad de identificaciones posibles de los restos que aún están almacenados en el Servicio Médico Legal.
Esto incluiría la adquisición de tecnología que permita desarrollar los procedimientos más avanzados de identificación por ADN.
Otro aspecto que se pretendería abordar en esta instancia es mejorar la asistencia médica en salud mental de los familiares de las víctimas, que han tenido que enfrentar la pérdida de sus seres queridos, su desaparición por décadas y ahora el error en la identificación, sin contar con los años de presentaciones judiciales.
La decisión de la administración Bachelet es buscar una salida integral teniendo en cuenta que, aparte de los 80 casos exhumados por el ministro Sergio Muñoz en 2004 en el patio 29, hay 30 retirados de distintos lugares en los que no hay avances y otros 124 que corresponderían a personas ejecutadas entre septiembre y diciembre de 1973.
