SANTIAGO.- Organizaciones agrupadas en torno a la Red Pro Acceso a la Información Pública enviaron una carta a la Presidenta Michelle Bachelet, en la que piden que el Gobierno dé a conocer cómo votó durante la elección realizada por la Asamblea General de Naciones Unidas para elegir a los países miembros del nuevo Consejo de Derechos Humanos.
El hecho ocurrió el 9 de mayo pasado y hasta la fecha la información se ha mantenido en secreto por parte de la Cancillería.
Los firmantes, entre quienes se cuentan el abogado Juan Pablo Olmedo, presidente de la Red; Domingo Lovera, de la Clínica de Acciones de Interés Público de la Universidad Diego Portales; Andrea Sanhueza, de la Corporación Participa; Marcela Fajardo, de la Fundación Pro Bono; y María Eugenia Díaz, de la ONG "Genera", argumentan que según las actuales normas legales vigentes en el país, y especialmente de acuerdo a la reforma constitucional de septiembre de 2005, sólo una ley de quórum calificado puede establecer la reserva o secreto de los actos y resoluciones de los órganos del Estado.
Lo anterior procede "cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".
La decisión del Estado de mantener en secreto su votación en la mencionada elección, agregan, "no se encuentra respaldada por ninguna de las hipótesis previstas en nuestra normativa, ni en la prevista en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Más aún, no se condice con el espíritu de un gobierno Democrático".
Concretamente, solicitan conocer los nombres de los países por los que votó la delegación chilena en la Asamblea de Naciones Unidas en la primera, segunda y tercera votación para la elección del Consejo de Derechos Humanos.
Asimismo, piden conocer el criterio que se utilizó para valorar los informes sobre derechos humanos de los países candidatos y los documentos que contengan las valoraciones que la delegación chilena realizó sobre los aspectos de derechos humanos de cada uno de los países.
Entre los cuerpos legales convocados por los firmantes figuran La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Constitución chilena y la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, la cual establece que "son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo o esencial".
Una iniciativa similar a la chilena se está realizando paralelamente y en forma concertada, por organizaciones de la sociedad civil en Argentina, Suecia, Inglaterra y España, países que tampoco dieron a conocer el contenido de su votación en la ONU.
