SANTIAGO.- Una investigación policial aclaró finalmente que el joven Maximiliano Díaz Díaz, de 23 años, fue víctima de asaltantes el día 26 de mayo en la esquina de las calles Rodrigo de Araya y Brown Sur, en la comuna de Ñuñoa.
El joven opuso resistencia y uno de los atacantes le disparó por la espalda hiriéndolo mortalmente en la cabeza para luego huir y abandonarlo en el lugar.
La familia del joven expresó que al dolor que les provocó el deceso se sumó la tristeza e impotencia de los informes preliminares que lo vincularon con el narcotráfico o perteneciente a alguna banda.
La familia reveló que ese día Maximiliano se dirigía a comprar licor a un clandestino del sector, por lo que hacen ver la necesidad de revisar la normativa que impuso la "ley seca", situación que -agregan- provoca efectos negativos o no deseados. Insisten que resulta tan peligroso como inútil ya que todo el mundo conoce de esos clandestinos, incluso la policía, según acusan.
Lo que más indignó a la familia es que se dijera que el joven tenía antecedentes penales vinculados al tráfico de drogas.
En una dramática carta enviada a EMOL la familia dice que "la única relación de Maximiliano con las drogas era la adicción, situación que lamentablemente afecta a miles de jóvenes de todos los estratos sociales de nuestro país".
"Por esta misma razón se encontraba en rehabilitación hace casi un año en la comunidad terapéutica Liwen. Tanto sus terapeutas, como su familia, quienes conocíamos íntimamente a Maximiliano, y como consta en un certificado de antecedentes adjunto proporcionado por el Ministerio de Justicia, él no era narcotraficante, ni tenía antecedentes penales de ningún tipo", enfatizan.
"Nuestro hermano fue a comprar a un local de venta clandestina de alcoholes, porque en nuestra comuna, Ñuñoa, hay "Ley Seca", este lugar funciona a vista y paciencia de todos los vecinos de Macul, así como tantos otros lugares de Santiago", señalan.
Y advierten que "pese a la Ley Seca, en Ñuñoa se ve a diario, a escolares consumiendo cajas de vino en las plazas, a plena luz del día y todo tipo de personas consumiendo alcohol y drogas en esquinas y escaleras de edificios. Una persona corriente no tomaría más de cinco minutos en averiguar donde venden alcohol o drogas, porque es de conocimiento público, pero ni la municipalidad ni las policías intervienen".
"Nos parece en extremo necesario, que en vez de inventar una noticia sensacionalista y especular a costa del sufrimiento de una familia, los medios de comunicación podrían por fin abordar de manera seria los temas de drogadicción y alcoholismo juvenil, violencia, delincuencia y marginalidad de los jóvenes de escasos recursos", sentencian.
Instan a "reflexionar acerca de preguntas como: ¿Sirve la Ley Seca para aplacar el alcoholismo de nuestros jóvenes o sólo es un socio activo en el lucro de los locales clandestinos? ¿Por qué si la policía, los municipios, conocen este tipo de locales, siguen funcionando? ¿Por qué no hay más vigilancia en los barrios "peligrosos" cuyos vecinos quedan en la completa indefensión?"
"Creemos finalmente, que el Estado, a través de todos sus organismos, autoridades de gobierno, policías, inteligencia, alcaldes, municipios, tendrían que hacerse cargo de una vez por todas de la violencia callejera, de la violencia en los estadios, de los encapuchados que asaltan las tiendas en las manifestaciones estudiantiles. Creemos que la distorsión de la verdad en nada ayuda a una acción efectiva en contra de la violencia. Lo que le sucedió a nuestro hermano puede pasarle a cualquier persona", expresan dolidos.
"En memoria de Maximiliano, por el cual nunca obtendremos justicia, ya que nadie le devolverá la vida que tenía por delante, sus padres, hermanos y familia, exigimos rectificar la información. Nuestro hermano no era un narcotraficante sino una víctima más de la delincuencia y de la desidia de las autoridades", finalizan.
