Cerca de 80 internos duermen apilados en la intemperie en uno de los patios de la ex Peniteniaría. Foto: El Mercurio |
SANTIAGO.- Un fuerte cuestionamiento a las condiciones laborales de los gendarmes y las consecuencias de esto, así como al trabajo de los jueces de garantía son algunas de las conclusiones del "Informe Anual de Derechos Humanos 2006" que por segundo año consecutivo realiza la Universidad Diego Portales.
Según el estudio, que se hará público el próximo 12 de julio, "existe en Gendarmería una cultura organizacional que facilita la corrupción y las violaciones a los derechos humanos".
También juzga el accionar de los jueces de garantía quienes, según detalla, realizan visitas que "no representan un monitoreo real acerca de las condiciones carcelarias a que los reos se ven sometidos".
El informe, que se realiza por segundo año consecutivo, confirma el diagnóstico entregado recientemente por la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, quien entregó similares conclusiones al Ministerio de Justicia.
Esto se refiere principalmente a las "graves condiciones" que presentan las cárceles chilenas en materia de derechos humanos, las cuales no han variado desde 2004.
"La situación de los derechos humanos al interior de los recintos penales se mantuvo en el 2005 en términos muy similares a la del año anterior, persistiendo las graves condiciones de hacinamiento, falta de atención médica adecuada, muertes, tortura y malos tratos, corrupción de gendarmes y, en general, de una falta de transparencia y de un control apropiado de la gestión de las cárceles", concluye el estudio de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios.
El Informe 2006 sostiene, además, que en materia de debate noticioso se han registrado ciertos avances: "El estado del debate (aunque no las condiciones carcelarias mismas) ha cambiado en alguna medida en los últimos meses. Se trata de una transformación parcial, por cierto, en la medida en que los enfoques unilaterales sobre el tema (concentrados únicamente en enviar más personas a las cárceles) continúan teniendo una presencia muy significativa en el debate político y en los medios de comunicación. Sin embargo, parece haberse abierto un flanco distinto, que lleva a que algunos actores tomen en consideración otros aspectos de la situación carcelaria".
El equipo investigador, encabezado por el Director del Programa de Acciones de Interés Público y DDHH, Felipe González, denuncia, sin embargo, que persisten las "serias limitaciones del acceso a la información respecto de las condiciones carcelarias", recordando que ni el Ministerio de Justicia ni Gendarmería se hicieron cargo del tema tras el estudio presentado el año pasado y por el cual incluso hay una demanda pendiente en el 16° Juzgado Civil.
El estudio 2006 revela además la situación que viven niños y adolescentes infractores de ley. Según éste, "persisten la tortura y los malos tratos, incluyendo el uso de celdas de castigo en vulneración de los estándares internacionales, y los abusos sexuales".
Además, da cuenta de problemas relacionados con "la calidad de la infraestructura de los centros, su ubicación geográfica, la alimentación de los menores, las condiciones del derecho a visitas y el acceso a prestaciones de salud idóneas".
Otros tópicos
En el estudio se analizan por ejemplo los problemas existentes respecto de la concesión de la construcción de nuevos recintos penitenciarios a privados.
También se incluye un seguimiento de la situación de una serie de derechos humanos específicos, como el tratamiento actual de las violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo la dictadura, la libertad de expresión, los derechos humanos de las mujeres, de los indígenas, de los inmigrantes, de las personas que viven con discapacidad y de las minorías sexuales.
La publicación será presentada oficialmente por los abogados de la UDP Felipe González y Alvaro Castro el próximo 12 de julio, durante un Seminario que contará con la participación de Lucía Dammert, Coordinadora del Programa de Seguridad y Ciudadanía de FLACSO, y Olga Espinoza, Coordinadora del Área de Estudios Penitenciarios del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile.
