SANTIAGO.- Los parlamentarios gremialistas Gonzalo Uriarte, Marcelo Forni, Ramón Barros, Ignacio Urrutia, Alejandro García Huidobro y Juan Lobos, denunciaron hoy que el Gobierno, a través del decreto 147, de fecha 5 de junio de 2006 del Ministerio de Economía, publicó en el Diario Oficial la ampliación inconsulta de los meses y horarios en los cuales las empresas eléctricas pueden cobrar tarifas de horario punta, los cuales son de un mayor valor que los horarios "normales".
"Este inoportuno decreto introduce un elemento nuevo, relacionado con las denominadas horas de punta, y que de ser aplicado tal como pretende el gobierno, introducirá un brutal aumento en los costos de los clientes industriales y agrícolas, especialmente para las PYME", manifestaron los legisladores.
Según explicaron los parlamentarios, en la actualidad los horarios punta se aplican durante los meses de mayo–junio–julio y septiembre, entre las 18:00 y 23:00 horas, por lo cual todos quienes consuman por sobre los promedios determinados por las empresas eléctricas deben pagar sobreprecios.
"Pues bien, a partir del año 2007, se agregan a estos horarios punta los meses de marzo y abril, quedando con sobreprecio seis meses del año a diferencia de lo que ocurre actualmente en donde se aplican los sobreprecios solo a cuatro meses", indicó el diputado Gonzalo Uriarte.
Si bien el decreto cuestionado por los parlamentarios de la UDI acorta en una hora el horario de los meses de invierno, de 18:00 a 22:00 horas, en el fondo cambia brutalmente las reglas del juego en perjuicio del sector agroindustrial, el que concentra, por motivos de estacionalidad de la agricultura, el 70% de sus procesos industriales entre los meses de marzo y abril", denunciaron los diputados.
Para los parlamentarios, el efecto que tendrá en estos clientes será indudablemente de un alza en su facturación por electricidad, toda vez que tendrá que pagar durante la mayor potencia que demandará en los meses de Marzo y Abril, meses de plena producción.
Por lo anterior, le exigieron a la Comisión Nacional de Energía, al Ministerio de Economía y al propio Gobierno, que deje sin efecto esta medida ya que de no hacerlo, indicaron, este decreto se transformará en un certificado de defunción para el sector agrícola.
