Los dirigentes exigen que sus demandas tengan respuestas satisfactorias antes del 26 de septiembre. (Foto: Claudio Bueno/El Mercurio). |
SANTIAGO.- Luego de reunirse esta mañana en la sede del Colegio de Profesores, los dirigentes de los
trabajadores de la salud, empleados fiscales y docentes decidieron convocar a un paro social de carácter nacional para el próximo 26 de septiembre en caso de que el Gobierno no solucione pronto sus demandas.
"Nos estamos uniendo y estamos haciendo fuerza común para solidarizar unos con otros. En ese sentido, hemos conversado la posibilidad de empujar juntos el paro social del próximo 26 de septiembre", dijo el presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez.
Los dirigentes gremiales aseguraron que están empeñados en "empujar juntos" la solución de sus demandas, lo que no significa que se esté buscando una manera para desestabilizar al Gobierno.
"Nosotros no queremos desestabilizar al actual Gobierno, queremos justamente estabilizarlo, pero en la línea que entienda que los problemas que estamos levantando requieren solución", aclaró Pavez.
Según los presidentes de los gremios, éste es el momento adecuado para que el Ejecutivo les anuncie propuestas concretas, ya que la buena situación económica que vive el país lo permite, a diferencia de lo que sucedió en anteriores gobiernos de la Concertación.
Roberto Alarcón, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Confenats), hizo un llamado a la Presidenta Michelle Bachelet para que
asuma la conducción del país y no deje que las decisiones que toma el Ministerio de Hacienda sobrepasen su voluntad política.
"Aquí no hay una mano de conducción política que a quien nombró como ministro (de Hacienda) o jefe de Presupuesto le diga: 'ésta es la solución que el país quiere'. Dirige el país Hacienda desde el punto de vista macroeconómico y esas decisiones están trayendo estos conflictos", aseguró Alarcón.
En la misma línea, el presidente del Colegio de Profesores pidió que quien gobierne este país "no sea Hacienda, sino que sea la Presidenta Bachelet".
Los dirigentes gremiales sostuvieron que sus reclamos son "absolutamente legítimos", que la Presidenta se comprometió a darles una mejor calidad de vida a sus sectores y que, por lo tanto, deben ser resueltos, ya que si no "los conflictos sociales se van a agudizar".
