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Santiago: Miércoles 04 de diciembre del 2024 | Actualizado 00:35
SANTIAGO.- Los seis jóvenes del movimiento "okupa" que fueron detenidos la semana pasada en una casa abandonada en San Ignacio quedaron hoy en libertad luego que la Novena Sala de la Corte de Apelaciones revocara la medida de prisión preventiva dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía.
La decisión fue adoptada en un fallo dividido por los ministros Víctor Montiglio, Dobra Lusic y el abogado integrante Horacio Tomas, quienes consideraron el tiempo que han permanecido detenidos los seis imputados, y que no existen a su juicio antecedentes calificados para fundamentar los delitos que les imputa el Ministerio Público.
Estimaron además que los jóvenes no constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad y que su libertad no vulnera los fines del procedimiento que realiza la Fiscalía.
De esta forma, Álvaro Pinto (21), Víctor Núñez (21), Jorge Fernández (31) y el español Miquel Balaguer Yus (24) dejarán la Cárcel de Máxima Seguridad, mientras que Danae Álvarez (28) y Carla Monsalves (21) abandonarán el Centro de Detención Femenina (CDF).
El abogado Hugo Gutiérrez, quien defiende al ciudadano español, aseguró que no consta en la carpeta de investigación ningún antecedente que permita inculpar a estos jóvenes.
"Puedo decirlo abiertamente que son inocentes totalmente de esta farsa y esta mentira", sostuvo.
Los argumentos de la Fiscalía
Los fiscales Leonardo de la Prida y Alejandro Sánchez habían presentado peritajes y estudios del GOPE, Labocar y el OS9 de Carabineros como pruebas para acreditar la existencia de cuatro bombas molotov encontradas y la idoneidad de los materiales incautados para la confección de las mismas.
En la casa fueron halladas botellas de vidrio, que sirven como contenedor de las bombas, además de parafina y adherentes como aserrín, plumavit y mechas de género impregnadas con material inflamable. También fue encontrado ácido muriático y monedas de un peso acopiadas para fabricar bombas de ruido.
La fiscalía también sustenta su acusación en que se hallaron manuales para confeccionar los artefactos y un "calendario combativo" donde se marcó con color rojo el mes de septiembre con la inscripción: "El 11 de septiembre hay que combatir con fuego".
Ahora hay que esperar que el tribunal de alzada envíe un oficio a Gendarmería para que se concrete la libertad de los imputados.
Mientras tanto, el Ministerio Público seguirá investigado y recabando los antecedentes para solventar la imputación de los delitos en un futuro juicio oral.
