Suprema acusa falta de voluntad de autoridades para resguardar seguridad en tribunales

SANTIAGO.- A través de una acta oficial, el Pleno de la Corte Suprema acusó hoy la falta de voluntad de las autoridades encargadas de resguardar el orden público, en lo referente a disponer de mayor personal de gendarmería para asegurar la tranquilidad de los tribunales de justicia y evitar desórdenes que alteren la tranquilidad fuera de dichos edificios.

El Pleno, que hoy fue presidido por el ministro Marcos Libedinsky, reaccionó así ante los graves incidentes producidos al interior de un tribunal de garantías de la Novena Región, donde un grupo de mapuches, "facilitado por una deficiente protección, agredió a fiscales y otras personas que participaban en la audiencia", lo que obligó al juez del tribunal a retirarse contra su voluntad de estrado.

En su declaración, los supremos sostienen que "se advirtió con claridad que las agresiones y destrozos se produjeron sin que el personal de gendarmería adoptara las medidas efectivas para impedir y repeler la injustificada e irracional conducta de ese grupo de personas, que tomaron por la fuerza el control de un tribunal de justicia".

Junto con recordar que la Corte Suprema ya ha representado a las autoridades pertinentes, entre ellas a la Presidenta de la República Michelle Bachelet, "la escasa y casi nula protección en que se encuentran los jueces" en las audiencias públicas, el pleno sostiene que "de seguir produciéndose esta situación y ante la pasividad de las autoridades encargadas de velar por la seguridad en las salas de audiencia de los tribunales de justicia, se provocará un grave deterioro a la imagen de la autoridad de la jurisdicción encargada constitucionalmente de juzgar los asuntos civiles y penales que son de su competencia".

En un tono enérgico, los 13 ministros que hoy integraron el pleno sostuvieron que la Suprema "no está dispuesta a tolerar la situación antes dicha". Por ello, acordó llamar la atención de las autoridades acerca de la falta de voluntad que se advierte en torno a las medidas de seguridad y manifestar su solidaridad a los jueces, persona de tribunales y a los representantes del Ministerio Público y defensorías "que se han visto ilegítimamente afectados por los actos de desorden no controlado por quien la ley obliga a reprimirlos".

Junto con ello, dispuso de una serie de medidas preventivas y correctivas que se adoptarán en lo sucesivo en situaciones como la que tuvo lugar en la Novena Región (ver documento).