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Santiago: Martes 03 de diciembre del 2024 | Actualizado 16:00
SANTIAGO.- Gisella Alarcón, directora del Complejo Asistencial Barros Luco, aseguró que el recinto está investigando si hubo colaboración desde su interior para la falsificación de la partida de nacimiento de la bebé que fue entregada voluntariamente por su madre a una vecina, dos días después de nacer.
"El intercambio o la adopción irregular no se produjo al interior del hospital, según lo que nosotros entendemos, sino fuera de él", dijo Alarcón.
"Lo que aquí se está investigando es que justamente haya habido alguna facilitación a través de una falsificación de instrumento público, con el acuerdo de la madre biológica, que habría entregado a su hijo ya estando de alta", agregó la profesional.
Según informó radio Cooperativa, la directora del recinto asistencial sostuvo que ayer revisó el procedimiento y los comprobantes de parto "son solamente firmados por la matrona que asiste el parto o bien por el médico que asiste el parto".
Alarcón dijo que se indaga sobre la posible colaboración de funcionarios del hospital, ya que "efectivamente significa una violación de los procesos administrativos que nosotros tenemos".
Por su parte, la subsecretaria de Salud, Lidia Amarales, confirmó la realización de un sumario administrativo por el supuesto caso de tráfico de un lactante, para comprobar la veracidad y la situación en que se dio este caso.
"Nosotros estamos seguros de que posterior a esta investigación se van a tomar las medidas correspondientes y ver si realmente este es un caso aislado", afirmó Amarales.
Anoche fueron detenidas cuatro personas relacionadas con la entrega de la pequeña Victoria por parte de su madre, Sandra Meriño Silva (29) a su vecina Sandra Mejías Hinostroza (38), ocurrida el 15 de noviembre pasado en el mencionado recinto de salud.
Tanto la progenitora como la receptora, junto al paramédico Juan González y al cocinero Jaime Retamales Leal, quedaron a la espera de ser formalizados este jueves por los delitos de suplantación de parto y falsificación de instrumento público.
Los funcionarios involucrados habrían recibido 100.000 pesos por conseguir los papeles falsificados, mientras que las mujeres se habían puesto de acuerdo para hacer el traspaso debido a que Sandra Meriño no podía cuidar a su hija y Sandra Mejías no podía tener hijos.
