Gerente Agenda de Probidad: "Con la oposición es posible y necesario dialogar"

SANTIAGO.- Está acostumbrado a grandes desafíos. No por nada, a sus 38 años, el abogado Rafael Blanco es uno de los mayores especialistas de la Reforma Procesal Penal, de la que fue coordinador general; integró la Comisión de Ética Pública en 1994; es consejero de la Agencia de Cooperación Internacional, y un destacado académico.

Pero además, desde principios de diciembre se sumó a su amplio currículum una tarea "titánica", que, según reconoce, ha sido "mucho más fuerte y dura de lo que esperaba".

Blanco fue nombrado por la Presidenta Michelle Bachelet gerente de la Agenda de Probidad. Una designación que sorprendió al joven profesional, pero a la cual no se podía negar. "La verdad no me lo esperaba, pero es difícil restarse en un tema tan importante", comenta a Emol.

Hoy el abogado reparte su tiempo entre la coordinación del tema legislativo, las reuniones con los partidos políticos y el trabajo interno con el Ejecutivo.

Periódicamente se reúne con la Presidenta y con su comité político, ya sostuvo un encuentro con la directiva de la DC, y esta semana espera hacerlo con el resto de los partidos. Todo ello para conducir a buen puerto una iniciativa compleja.

"Es una agenda súper amplia, ambiciosa, y tiene distintos temas que cada uno por sí mismo es un gran tema. Por ejemplo el tema de probidad, el tema de acceso a la información o transparencia que está dentro del primer tema, pero ha cobrado mucha fuerza aisladamente. Después está el tema de calidad de la política, el tema meritocracia, el tema de los partidos políticos y el control del gasto electoral. Y hay otra pata más asociada al área de modernización del Estado: Auditoría General de Gobierno, Alta Dirección Pública. Así que tiene cuatro frentes súper amplios, ambiciosos", explica.

Medida más próxima

El próximo 31 de enero debiera comenzar a ejecutarse la primera de las medidas anunciadas por la Presidenta: el instructivo presidencial sobre transparencia activa y publicidad de la administración del Estado, que instruye a servicios y reparticiones estatales a difundir a través de sus nóminas de personal de planta, a contrata y honorarios, así como las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios.

"Vamos bien. Lo ambicioso era primero cumplir el instructivo presidencial, y vamos bien en materia de cumplimiento del instructivo, con los ministerios nos hemos dado cuenta de que hay harta pega que hacer, y están preocupados todos de subir las informaciones, de recolección de datos, de digitalización de algunos, de estandarizaciones", dice Blanco.

— ¿Hay voluntad de colaborar con las medidas?

"Sí, y uno se encuentra con equipos profesionales súper potentes en los ministerios, muy convencidos de esto".

— ¿Y a nivel de los partidos políticos ha encontrado esa misma voluntad?

"En cuanto a las voluntades, yo con la DC encontré voluntad completa. La expresión fue ‘apoyamos la agenda completa, y además asumimos compromisos unilaterales nosotros en la misma dirección’. Así que hasta ahora me ha ido bien".

— Por el lado de la derecha está más complicado parece...

"Yo creo que esta agenda requiere necesariamente que sea vista como un desafío de Estado y, por lo tanto, transversal a las lógicas políticas. A mí me parece difícil para cualquier partido, sea de la Alianza o sea de la Concertación, que se resten a apoyar esta agenda. Ahora, uno podrá tener énfasis, querer hacer perfeccionamientos, pero a mí me parece que tiene que ser vista con una visión de Estado".

"Ahora, ya aprobamos en la Cámara de Diputados el proyecto de protección del funcionario que hace denuncias responsables, que es precisamente uno de los temas que Hernán Larraín había abordado como un tema que consideran prioritario. Yo creo que no pueden restarse a una agenda que apunta precisamente en la dirección de fortalecer probidad, transparencia y calidad de la política", agrega el gerente de la Agenda de Probidad.

— Pero, ¿cree que hay voluntad de diálogo en la Alianza?

"Sigo pensando que con la oposición es posible y necesario dialogar. A nivel legislativo creo que la señal que se ha dado de la aprobación de un proyecto relevante y emblemático en la Cámara de Diputados (protección del funcionario) me hace pensar, y me hacen pensar también los avances que se están produciendo en otros proyectos, que uno debiera estar razonablemente optimista de que todos se van a sumar a esta agenda".
 
— ¿Qué responde a quienes critican que la agenda no ataca las causas de la corrupción, sino sólo las consecuencias?

"Yo creo que las consecuencias de la corrupción tienen que ser atacadas a nivel administrativo y a nivel penal. En cuanto a consecuencias está claro que el sistema de justicia criminal que se diseñó ha ido funcionando bien. Pero la agenda busca precisamente atacar el tema de las causas, de la prevención, del fortalecimiento en el ámbito de calidad de la política todo lo que tiene que ver con relaciones entre el dinero y la política".

— ¿Cuál es a su juicio el proyecto más factible de aprobar y el más complicado?

"Por un problema estrictamente de quórum, más que de contenido, yo creo que el más complejo es la Reforma Constitucional. Creo que el proyecto de acceso a la información no hay razones para que no vaya rápido. El proyecto de protección del funcionario no hay razones para que no vaya rápido. En materia de control de gasto electoral también se pueden establecer acuerdos significativos entre los distintos sectores políticos. Por lo tanto, creo que, más allá de los perfeccionamientos que naturalmente en el debate legislativo se pueden producir, un porcentaje grande de los proyectos debiera aprobarse rápidamente.

— ¿Hay algún plazo para aprobar estos proyectos?

"Nosotros quisiéramos que esto fuese a la brevedad. Yo creo que ya debiera haber probablemente un estado de situación a fines de enero y otro a fines de marzo, para ver cuánto hemos logrado avanzar y cuánto consenso hemos logrado recoger efectivamente. Esto no puede ser visto con tanta holgura, no es a fines del primer semestre del 2007. Esto requiere mayor nivel de convicción y trabajo de parte de todos, por lo tanto, yo creo que habría que estar atento a mirar qué pasa a fines de enero, a fines de marzo, y qué hemos logrado avanzar. El Ejecutivo se auto impuso plazos muy restrictivos en materia de transparencia activa: al 31 de enero y al 31 de marzo. Ojalá todos imitemos la misma perentoriedad de los plazos que el Ejecutivo se impuso".

— ¿Qué porcentaje de los proyectos es factible aprobar?

"Yo veo factible aprobar todos los proyectos, creo que todos ellos han sido materia de consenso primero entre expertos del sector público y del sector privado, las encuestas lo que manifiestan es que esos proyectos tocan temas que la ciudadanía considera relevantes. No creo que haya un tema que esté sobrando en esta agenda, y no veo razones entonces para que alguien diga no respecto a estos temas no. La agenda no tiene una pretensión de decir elija usted lo que le parezca más relevante. Porque toda la agenda efectivamente es relevante".

— ¿Se siente como el gran responsable de que esto llegue a buen puerto?

"Yo siento que el desafío es enorme y es bonito. Yo creo que es un desafío en que nadie puede restarse, pero siento que todos debiéramos asumir esto no como un conjunto de temas aislados, sino como una agenda que nos compromete primero en el Ejecutivo, en el Parlamento, en la fiscalización que los ciudadanos hagan del avance de esta agenda, los partidos políticos, somos todos responsables de que esto llegue a buen término. Yo asumo mi responsabilidad que es jinetear el proceso, que es lo que me pide la Presidenta.

— ¿Esto está resultando más complicado que su trabajo en la Reforma Procesal Penal?

"Cuando empezó la Reforma Procesal Penal lo veíamos todo cuesta arriba. Estábamos redibujando una parte del estado del sistema de justicia. Yo diría que en términos de complejidad, a lo menos son equivalentes. Y yo espero que los resultados sean igual de positivos".