SANTIAGO.- El abogado Alfredo Etcheverry, representante del Estado peruano en el juicio de extradición del ex Presidente Alberto Fujimori, entregó hoy a la Corte Suprema un documento con los últimos antecedentes del caso.
Así lo informaron fuentes del Máximo Tribunal chileno, que precisaron que el documento, de más de 400 páginas, contiene una serie de antecedentes que inculpan al ex Presidente peruano (1990-2000) en casos de violaciones de los Derechos Humanos y actos de corrupción.
Estos antecedentes, dijo Etcheverry a los periodistas, deben ser incorporados al expediente del juicio, a cargo del juez de la Corte Suprema Orlando Álvarez, para que los tenga en cuenta para dictar el fallo de primera instancia.
El documento incluye dos informes internacionales que, según el abogado, demuestran la responsabilidad penal de Fujimori en los delitos de los que se le acusa.
Se trata de informes elaborados por la Clínica Jurídica de la Universidad de Washington y por la Comisión de Juristas en derechos humanos de Ginebra.
Álvarez cerró hace varios meses la investigación (sumario) del proceso y hace 20 días la II Sala Penal de la Corte Suprema rechazó una solicitud de la defensa para reabrirla.
El abogado Etcheverry afirmó que el gobierno del Presidente Alan García mantiene su interés en que Fujimori sea juzgado en ese país, en respuesta a versiones de prensa en sentido contrario.
"Yo no he percibido ningún cambio en la actitud del gobierno peruano desde que se me encomendó el caso. Con mis colaboradores hemos trabajado con el mismo entusiasmo y en contacto muy directo con las personas encargadas en Lima de esta tramitación,” afirmó.
"Tampoco habría aceptado una recomendación para ablandar el asunto o dejarlo que se perdiera,” añadió.
Sorpresiva llegada
Alberto Fujimori llegó de manera sorpresiva a Chile el 6 de noviembre de 2005 y tras seis meses en detención preventiva, obtuvo la libertad provisional en mayo pasado, aunque con una orden de arraigo que le impide abandonar el país.
El Estado peruano solicitó la extradición de Fujimori por diez delitos de corrupción y dos casos de violaciones de los derechos humanos, las matanzas de Barrios Altos, de Lima, en 1991 y de la universidad de La Cantuta, en 1992.
Según Etcheberry, se cumplen todos los requisitos para que el Estado chileno acceda a la petición de extradición de Fujimori y son inverosímiles los argumentos de la defensa del ex mandatario.
"Resulta inverosímil la excusa que él ha dicho en cuanto a que ignoraba totalmente lo que hacían sus colaboradores", afirmó.
"Fujimori fue concentrando poco a poco la suma del poder político, disolvió el Congreso, intervino en la judicatura, colocó bajo su dependencia directa el Servicio Nacional de Inteligencia donde operaba Vladimiro Montesinos y tenía la adhesión irrestricta de los jefes de las Fuerzas Armadas de la época", precisó.
Tras la presentación del documento, la defensa de Alberto Fujimori tiene 20 días de plazo para responder los cargos que formula el Estado peruano.
Posteriormente los antecedentes pasarán a la fiscal de la Corte Suprema de Chile, Mónica Maldonado, quien debe emitir un informe respecto de si procede no acceder a la solicitud de extradición.
En todo caso, de acuerdo con las normas del antiguo sistema procesal chileno, por el cual se rige este juicio, las recomendaciones de la fiscal no son obligatorias para el juez en el momento de dictar la sentencia de primera instancia.
Las partes del juicio dan por hecho que el fallo de Orlando Álvarez será apelado por quien resulte perjudicado, de manera que será la II Sala Penal de la Corte Suprema la que se pronunciará en definitiva.