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Santiago: Sábado 23 de noviembre del 2024 | Actualizado 22:50
SANTIAGO.- Aunque desestimó hoy referirse a la polémica generada por la sanción a la que se expone el juez Guillermo Cádiz, a causa del denominado "divorcio express", el presidente de la Asociación de Magistrados, Mario Carroza, reconoció que el caso "sin duda daña la imagen del Poder Judicial".
"Que afecta, no cabe duda, esto lo afectó desde el minuto en que ocurrió. Para nosotros no queda duda que hay una falta a la ética", sostuvo.
Sin embargo, el dirigente no quiso opinar sobre las declaraciones del ministro de Justicia, Isidro Solís, quien criticó la sentencia de dos meses de suspensión con goce de medio sueldo, propuesta por el ministro Cornelio Villaroel.
"No podríamos opinar porque no sabemos el tenor de la investigación, entonces no podríamos dar una opinión como la del ministro de Justicia, es decir si merece una sanción más o menos grave", señaló.
El dirigente recordó que hasta el momento la sanción es sólo una propuesta del ministro investigador al Pleno de la Corte, que deberá resolver qué sentencia aplica en definitiva. Agregó que posteriormente el cuestionado juez podrá conformarse o apelar ante la Corte Suprema, por lo que quedan varios pasos más para que el caso concluya.
"Aún no ha sido sancionado. Ahora se le está proponiendo una determinada sanción. Yo podría comentar si es grave o no es grave, cuando esto termine", afirmó.
Carroza se manifestó además conforme con el procedimiento que se ha llevado a cabo para investigar a Cádiz, pues, a su juicio, éste se ha ajustado al debido proceso.
"La remoción aún puede ocurrir"
Respecto a las críticas que se le han hecho al ministro Villarroel por no proponer abrir un cuaderno de remoción contra Cádiz, explicó que siempre en estos casos se produce una discrepancia técnica sobre quién debe sugerir dicho castigo, es decir si debe hacerlo la Corte de Apelaciones o la Suprema.
No obstante, enfatizó que la expulsión aún puede ocurrir, pues el tribunal tiene la facultad de revertir la decisión del ministro Villarroel.
El 2 de noviembre de 2006, Guillermo Cádiz, titular del Primer Juzgado de Familia, interpuso su demanda de divorcio, cuya sentencia se dictaminó el 10 de ese mes.
El hecho fue calificado como un acto irregular, especialmente debido al grave atochamiento que se observa en los juzgados de familia.
Por ello, ayer el titular de Justicia, se declaró partidario de la remoción y no sólo de suspenderlo de sus funciones.
"Yo creo que la función de un juez es tan delicada que las exigencias de integridad que se le hacen a la persona que ejerce la magistratura son absolutamente exigentes, si de mí dependiera yo habría preferido removerlo del cargo", dijo Solís.
