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Santiago: Lunes 25 de noviembre del 2024 | Actualizado 00:32
SANTIAGO.- El presidente de la Corte de Apelaciones, Cornelio Villarroel, desestimó que el tribunal de alzada esté inhabilitado para revisar la resolución que le concedió la libertad, bajo medidas cautelares, al joven inculpado como uno de los autores de la agresión a la jueza Gloria Ana Chevesich.
"No, de ninguna manera porque no hubo ningún pronunciamiento del fondo, ni menos con conocimiento de causa precisa ni de la persona que habría incurrido nominativamente en un hecho de esta clase, así que no hay inhabilidad ninguna", aseguró Villarroel al ser consultado sobre la posibilidad de que el tribunal se inhabilite ya que Chevesich es miembro de la corte.
"Yo fui categórico, cuando ustedes mismos me entrevistaron y les dije que se trataba de un acto que nosotros tuvimos de solidaridad porque estábamos en familia, y las familias se ayuda, se protegen, se consuelan", agregó el magistrado.
Jorge Lizama Soza, de 19 años, quedó en libertad tras ser formalizado por la Fiscalía Centro Norte de participar del ataque al vehículo de la jueza.
La resolución del juez Patricio Álvarez, del Séptimo Juzgado de Garantía, provocó polémica, ya que el joven fue detenido en septiembre de 2006 acusado de lanzar una bomba molotov a La Moneda.
El ministro Villarroel dijo que la determinación del juez Álvarez debe estar tomada de acuerdo a los antecedentes recopilados en la audiencia de formalización, por lo que no se puede objetar al ser una determinación judicial sin vicios legales.
La revisión quedará determinada una vez que la Fiscalía oficialice si apela o no a las medidas cautelares.
Por su parte, el padre del joven aseguró a radio Cooperativa que su hijo quedó en libertad debido a que no hay ningún elemento que pruebe que efectivamente hizo daño al vehículo de la jueza Chevesich.
"Mi hijo está acusado, pero no hay ninguna foto clara que lo incrimine, de partida", aseveró.
Lizama añadió que la investigación en contra de su hijo por el lanzamiento de una bomba molotov a un ventanal de la sede de gobierno quedó archivada, porque no hubo pruebas que demostraran su culpabilidad.
