Federación de colegios particulares pide rechazar proyecto de Ley de Educación

SANTIAGO.- Un llamado a los parlamentarios a rechazar o modificar sustancialmente el Proyecto de Ley General de Educación, realizó la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) tras analizar los diversos puntos considerados en el documento oficial.

Así lo explicó el presidente de la entidad, Jesús Triguero, quien señaló que "dicha ley debe ser rechazada porque se fundamenta en errores conceptuales serios que contradicen principios fundamentales del ordenamiento jurídico, y porque su aplicación producirá efectos contrarios al que sus autores dicen querer generar, afectando la calidad de la educación".

Triguero indicó que si bien el proyecto abre un período de discusión legislativa sobre el marco regulador de la educación chilena, éste lamentablemente no se hace cargo de los principales problemas que afectan esta actividad.

"No hay que olvidar que el principal problema de la educación chilena es la mala calidad de los servicios que entregan los establecimientos municipales, y que fue una de las causas de las protestas estudiantiles del año pasado. Esta mala calidad tiene su origen en una norma legal y en una práctica ilegal que limitan gravemente la autonomía de estos colegios", dijo.

En el mismo sentido, manifestó que esta norma legal es el Estatuto Docente, el cual impone a las municipalidades un sistema de administración rígida, porque regula de manera inapropiada el ejercicio de la función docente, y supedita la calidad de la educación a la inamovilidad de los profesores.

"El actual proyecto no contiene norma alguna para mejorar o cambiar esta situación, por lo que no ayudará a que mejore la calidad de la educación en el sector municipal. Esta ausencia es incomprensible e injustificable, como lo es también toda mención a un aumento de la subvención para disminuir las desigualdades sociales que condicionan la calidad de los distintos procesos de enseñanza y aprendizaje", sostuvo.

Sobre el mismo punto, indicó que el proyecto contiene normas que se han redactado con una lógica contraria a la actividad privada en la educación, "especialmente a la de los establecimientos del sector particular subvencionado, a pesar de que estos son los que demuestran tener mejores resultados con un aporte fiscal total inferior al de los colegios municipales".

El presidente de la institución que agrupa a más de 600 colegios a nivel nacional, señaló además que el proyecto regula la prestación de servicios educacionales en forma estandarizada como si la educación fuera un producto impersonal.