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Santiago: Sábado 23 de noviembre del 2024 | Actualizado 20:04
SANTIAGO.- Un grupo de peruanos, familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Alberto Fujimori, se manifestó hoy frente al domicilio del ex mandatario en Santiago, para exigir su extradición.
El grupo, que se encuentra en Santiago desde hace varios días para participar en diversas actividades a favor de la extradición, organizadas por la sección chilena de Aministía Internacional, llegó con pancartas hasta un edificio de la calle Luz, en Las Condes, donde Fujimori vive desde enero.
Se trata de familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos (1992) y de la Universidad La Cantuta (1992), dos de los casos por los que el estado peruano pidió la extradición del ex mandatario (1990-2000) a la justicia chilena.
También Fujimori, que llegó a Chile en noviembre de 2005 desde Japón, está requerido por diez delitos de corrupción. El ex mandatario peruano estuvo seis meses en detención preventiva y desde mayo del año pasado está en libertad provisional, aunque con una orden de arraigo que le impide abandonar el territorio chileno.
Los familiares reiteraron su preocupación de que, ante un fallo adverso, Fujimori se fugue de Chile o se refugie en la embajada de Japón, para escapar a la acción de la Justicia.
El juicio de extradición está a cargo del juez de la Corte Suprema Orlando Álvarez, al que los familiares le manifestaron esta semana sus aprensiones. "Le expresamos nuestra preocupación sobre la posible fuga de Fujimori o que pida asilo en la embajada", dijo Gisela Ortiz, portavoz del grupo y hermana de una víctima del caso de la Universidad La Cantuta.
El juez Álvarez está cerca de emitir el fallo de primera instancia en el proceso, para lo cual debe recibir antes un informe de la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, quien anunció que lo entregará probablemente el 23 de abril.
El informe de la fiscal no es vinculante y puede ser acogido o desestimado por el juez, según las normas del antiguo sistema procesal chileno, bajo el cual se lleva a cabo el juicio. Las partes del proceso han coincidido en que sea cual sea el fallo del juez Álvarez, será recurrido ante la II Sala Penal del máximo tribunal chileno, que deberá resolver en definitiva, nunca antes de dos o tres meses más.
