SANTIAGO.- De acuerdo a los resultados de un estudio nacional que realizó la Oficina de Fiscalización Contra el Delito (Ficed), en Chile se cometen delitos de tráfico y microtráfico de drogas cada una hora y cuatro minutos.
En el análisis-que fue entregado esta mañana al presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, por los senadores de la Alianza, Alberto Espina (RN), Andrés Chadwick (UDI) y Juan Antonio Coloma (UDI)- se destaca que sólo se consideran los delitos denunciados, por lo que esta frecuencia es mayor si se tiene en cuenta los que no se denuncian.
Tras la reunión, los senadores criticaron fuertemente a los jueces de garantía que dejan en libertad a los imputados por narcotráfico, lo que se traduce luego en la fuga de éstos.
"Yo no tengo la menor duda que hoy día hay jueces de garantía que dejan en libertad a traficantes de droga sin ninguna explicación ni justificación. Esos jueces de garantía deberían abandonar el Poder Judicial, yo creo que le hacen un flaco favor a la administración de Justicia", dijo Espina.
22 delitos diarios
La investigación, basada en los informes del Ministerio Público y que comprende entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2006 , arrojó que en Chile el año pasado se presentaron 8.122 denuncias por tráfico y microtráfico, lo que equivale a 22 delitos diarios.
Asimismo, demostró que de un total de 5.404 detenidos sólo el 39% fue sometido a prisión preventiva, mientras que el 61% quedó en libertad sujeto a medidas cautelares y en algunos casos a ninguna.
En cuanto a las condenas, el estudio sostiene que durante el 2006 un total de 1.403 delincuentes fueron sentenciados por estos delitos y que de ellos sólo el 35% cumple pena en la cárcel, mientras que el 65% está en libertad gozando de algún beneficio alternativo.
Atendida la "gravedad" de los resultados, los senadores decidieron entregar el estudio tanto al Ministerio del Interior como a la Corte Suprema, acompañado por un documento en el que efectúan 14 propuestas para enfrentar el tráfico y microtráfico de drogas.
Entre las iniciativas destacan incorporar al Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace) en la nueva institucionalidad pública que debe crearse, y aumentar sus recursos dado que cubre un total de 105 comunas con un presupuesto anual a nivel nacional de 18.321 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a 1.222 pesos por persona.
Otra de las propuestas se refiere a aumentar los cupos de los programas públicos de rehabilitación de 12.300 que existen actualmente a un mínimo de 20 mil, que son las personas que han manifestado en el último tiempo su voluntad para rehabilitarse.
Tras el encuentro con el presidente de la Corte Suprema, los parlamentarios de oposición se mostraron satisfechos ante la recepción que tuvieron del alto magistrado, quien se comprometió a entregar los antecedentes al Pleno del máximo tribunal para dar cuenta del diagnóstico efectuado.